Hasta ahora las inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga eran vigiladas por hombres en el turno de noche. Después de los supuestos abusos sexuales a los que fueron sometidas diez de ellas, se ha tomado la decisión de sustituir a los policías por siete funcionarias. Esta no es la única reforma que Subdelegación planea para el centro. Su responsable, Hilario López Luna, apuntó ayer en rueda de prensa que el Ministerio del Interior baraja la construcción de un nuevo CIE más moderno y mejor equipado que el actual de Capuchinos. Luna planteó incluso la posibilidad de que el Foro Provincial de la Inmigración, de reciente creación y donde se encuentran representadas todas las instituciones públicas, sindicatos mayoritarios y ONG, gestione las visitas institucionales al centro y realicen controles periódicos.

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La Subdelegación del Gobierno rompe así el silencio que mantenía desde que se hizo público el escándalo de los presuntos abusos sexuales por los que nueve funcionarios se encuentran en libertad con cargos, cinco de ellos acusados de presuntos delitos de abuso sexual y otros cuatro por omisión del deber de denunciarlos. Ha esperado a que finalicen las diligencias previas iniciales «para no entorpecer el proceso judicial» y salir al paso de las acusaciones de falta de transparencia. Lo primero que aclaró es que siete de las diez internas que supuestamente fueron víctimas de abusos sexuales fueron expulsadas del país «previo conocimiento de la juez y del Ministerio Fiscal, sin que pusieran objeción alguna». Lo segundo, que su declaración en el juzgado, como prueba preconstituida, hace que su presencia en el juicio no sea «imprescindible». Y lo tercero, es que tanto la Policía Nacional, que denunció los hechos, como la Subdelegación de Málaga, responsable político del centro, han colaborado «estrechamente» con la justicia para esclarecer el caso que calificó de «hecho aislado».

Después de dar estas explicaciones, López Luna subrayó que no piensa dimitir. Aunque es consciente de que la polémica no ha hecho más que empezar. El PP anunció ayer que exigirá en el Congreso de los Diputados que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, «explique su responsabilidad» en el caso.

IU, por su parte, registrará una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno central se pronuncie sobre los presuntos abusos sexuales y sobre «las expulsiones de testigos». Y el abogado de la interna que abortó recientemente, Jaime Rodríguez, solicitará una investigación sobre la madrugada en la que fue trasladada al hospital para que se depuren posibles responsabilidades.