El Gobierno de Senegal colaborará en el proceso de documentación de los menores que llegan a las islas sin identificación y dicen ser senegaleses, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias, según ha informado este sábado el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil.

En un comunicado remitido por su departamento, Candil ha informado de que con motivo del viaje que ha efectuado una delegación canaria esta semana a Senegal se reunió con el comisario de la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Senegal, Abdoulaye Toure, con quien llegó al citado acuerdo de colaboración.

El viceconsejero ha destacado la importancia de este acuerdo, porque estos jóvenes al tener documentación tendrán la posibilidad de acceder a la formación reglada y desplazarse a otras comunidades.

“Con esta documentación en regla podrán acceder a los procesos formativos e incorporarse al sistema español con normalidad para conseguir lo que vienen buscando, un proyecto de vida con plena regularidad y normalidad”, ha recalcado Candil.

La comitiva canaria ha supervisado el programa piloto Tierra Firme, que cuenta con una inversión inicial de 500.000 euros y permitirá la formación profesional de más de 500 jóvenes senegaleses en distintas especialidades.

Se trata de una iniciativa de formación laboral impulsada por el Gobierno canario en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Senegal y diversas instituciones públicas y privadas tanto españolas como senegalesas.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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La iniciativa tiene como objeto ofrecer una respuesta a la actual situación migratoria en Senegal, apostando por una nueva dinámica de formación profesional e inserción laboral en favor de la población joven senegalesa.

Para ello, se busca facilitar la creación de empleo de calidad y generar nuevo talento del que podrán beneficiarse las empresas españolas y, particularmente, las empresas canarias, así como establecer un nuevo marco de formación profesional cuya finalidad es la inserción laboral efectiva, al tiempo que desincentiva la migración irregular al ofrecer alternativas en el país de origen, recuerda la nota.