El Gremi de Recuperació de Catalunya, que se encarga de hacer acopio de las diversas fracciones de materiales para proveer a la industria, ha reiterado su propuesta para regularizar la actividad de los recicladores informales (chatarreros). El Gremi propone a las administraciones (especialmente a la central) que estos trabajadores tengan un cierto reconocimiento o identificación, con un régimen especial dentro de la Seguridad Social y una especie de carné de recolector, todo ello con la finalidad de dignificar y mejorar las actividades de estas personas. La propuesta se relanza en un momento en que ha crecido el número de personas que efectúan estas tareas sin ningún tipo de control.

Un reciente estudio de la UB sostiene que solo en Barcelona existen unas 3.000 personas dedicada a la recuperación de metales y otros materiales.

El Gremi propone dotar a los chatarreros de una especie de carné de recolector para reconocer su actividad.

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Un chatarrero en la calle Villarroel de BarcelonaLV
Esta propuesta ya fue presentada en 2015 a los responsables de la delegación territorial de la Dirección General de la Seguridad Social en Catalunya. Sin embargo no obtuvo una respuesta positiva.

“Lo que propusimos es que estas personas cotizaran con un régimen específico o especial, ya que su trabajo responde a una necesidad social y si se les aplica retenciones del 10 o el 12% serían cantidades muy elevadas”, dice Victòria Ferrer, directora general del Gremi. La retención se haría en el momento de la compra. Es decir que si un recolector con ese carné llevara chatarra a un gestor de residuos, se retendría una pequeña cantidad y se le pagaba el material entregado.

La propuesta era abierta y tenia la intención de que su definición definitiva fuera completada por la Administración central.

Sin embargo, entonces se consideró que no se daban las condiciones para que estas personas pudieran tener reservada una consideración especial con un régimen específico, puesto que, entre otras razones aducidas, se trataba de una tarea que podría “efectuar cualquier persona”.

La propuesta cayó en saco roto también porque muchos de estas personas son migrantes sin identificación, lo que complicaba su regularización.

La propuesta persigue también dar una solución a la necesidad de efectuar una gestión mínimamente correcta de los residuos de los metales
La propuesta lanzada del Gremi persigue también dar una solución a la necesidad de efectuar una gestión mínimamente correcta de los residuos de los metales, que en ocasiones son recogidos y tratados de manera inadecuada, puesto que con frecuencia el material manejado es altamente contaminante.

Las personas que actúan en plena calle desguazando una nevera o separando las piezas de una televisión no solamente ofrecen una mala imagen de la ciudad, sino que pueden contribuir a la contaminación del medio ambiente si se generan residuos, grasas o gases peligrosos.

Se pretendía con esta propuesta ofrecer una mínima capacitación a estas personas para que pudieran aprender a separar las diversas partes de estos equipos y evitar el vertido de determinadas substancias, como por ejemplo los CFCs contenidos en los frigoríficos.

Hace unos años, este colectivo estaba formado básicamente por marroquíes mientras que en los últimos son sobre todo subsaharianos (de Senegal, especialmente).

En los últimos tiempos se ha producido un incremento de personas que realizan esta tarea
En cualquier caso, existe coincidencia en que en los últimos tiempos se ha producido un incremento de personas que realizan esta tarea. “Se ha producido un efecto llamada”, dice Vicky Ferrer, al haberse incrementado el volumen de los materiales acopiados. Lo que se ha producido es algo parecido a lo que ocurre con los rumanos en la recogida del ajos en Ciudad Real o los pakistaníes al frente de negocios en Barcelona. Cuando una persona de determinada nacionalidad detecta que existe trabajo en un área laboral concreta lo que ocurre es que otras personas de esa misma nacionalidad tienen a desarrollar las mismas ocupaciones.

Victòria Ferrer sostiene que, pese a todo, si estas personas migrantes no efectuaran su tarea, igualmente los residuos serían recuperados “tarde o temprano” por los servicios municipales.

Los chatarreros informales recogen gran parte de los materiales (hierro, acero, cobre…) en las obras, así como en lugares de la ciudad donde son abandonados los materiales.

Los metales son entregados habitualmente a chatarreros “oficiales”, que a su vez los ordenan y clasifican para ser entregados. Gran parte de todo este material recuperado se lleva luego a la siderurgia de Celsa.

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Aprovechamiento del metal contenido en una puerta en la calle Villarroel, ayer en BarcelonaLV
El intento de regularizar la situación que fracasó
El Ayuntamiento de Barcelona intentó paliar este problema con la creación en 2015 de una cooperativa en el barrio de Poblenou para aglutinar el trabajo de estas personas. Se detectó que muchos de estos trabajadores actuaban en naves sin ningún tipo de condiciones para desarrollar adecuadamente la tarea.

Sin embargo, la cooperativa fracasó (se cerró al cabo de cinco años) en el momento en el que uno de los trabajadores cogió la baja y vio que podía seguir trabajando y cobrando. El efecto mimético hizo que muchos otros se acogieran la baja y que siguieran trabajando, con lo cual lograban incrementar o duplicar sus ingresos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos trabajos actúan sobre todo movidos por la necesidad de enviar a sus familias algunos ingresos, y en algunos casos pequeñas cantidades permiten a sus familiares mejorar notablemente sus condiciones de vida.

El Gremi de Recuperació coincide en que la regulación de los chatarreros profesionales tropieza con el hecho de que muchos de ellos no tienen regularizada su situación en el país, aunque eso no impide legalmente que se puede comprar su material.

Solucionar su situación requería un gran pacto entre las diversas administraciones (ayuntamientos, Agència Catalana de Residus, Administración central) pero sobre todo “actuar en los países de origen” para que estas personas no se vean obligadas a emigran desde sus países, sostiene Victòria Ferrer.