Ah, los valores europeos, cuántos crímenes se han cometido en su nombre. Los dirigentes europeos los han mencionado con frecuencia, excepto cuando han firmado acuerdos con los gobiernos de Túnez, Egipto o Mauritania –promovidos por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen– para que hagan de policías a distancia de la Unión Europea a cambio de sumas millonarias. Dentro de nuestras fronteras, el respeto al Estado de derecho es sagrado. Para frenar la inmigración, resulta un inconveniente porque los tribunales no siempre colaboran. Y tampoco los países a los que se pretende deportar a los recién llegados.

Tomemos el caso de Aruna, un hombre de Sierra Leona de 39 años. Fue detenido en febrero por la policía tunecina cuando salió de un campamento para comprar comida. “Cogieron mi teléfono, me ataron y me golpearon. Luego, me llevaron al desierto”, contó al Financial Times. Los agentes metieron a 70 de ellos en un autobús y les abandonaron de noche cerca de la frontera con Argelia. No tenían comida ni agua. Sólo les quedó comenzar a andar hasta regresar al campamento trece días después. Allí esperaban a Aruna su hijo de ocho años y su hermano.