“No drogas, no robos, no problemas y a los tres años, papers”, dice Elhadji Falló, uno de los 24 inmigrantes que desde el 9 de agosto residen en un albergue de Barcelona pero que deberá abandonarlo mañana. Papers, papeles, es la difícil meta de su aventura.
El 6 de julio, los rescató un buque de la Cruz Roja. Llevaban ocho días a la deriva en un cayuco que se agrietó. Tras un mes en un centro de internamiento en Canarias, no han podido ser expulsados a sus países de origen. Desde las islas, llegaron el 9 de agosto al “hotel de Barcelona”, como llaman al albergue. Quince días a cargo de la oenegé Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).
¿Y después? “Soy buen pescador, buen mecánico, buen pintor”, responde Elhadji, optimista. Se ha erigido en portavoz del grupo. Tiene en mente una de las vías por la que los extranjeros no comunitarios pueden lograr un permiso de residencia y trabajo en España: demostrando arraigo social.
Para lograrlo, han de acreditar tres años de permanencia continuada en el país, vínculos familiares con otros extranjeros residentes (o un informe de inserción social del ayuntamiento de la localidad en la que viven) y presentar un contrato de trabajo firmado por el empresario de un año de duración. Pero aún necesitarán superar otra traba: que se les revoque la orden de expulsión que llevarán encima durante los próximos años.

Sin antecedentes penales
La Administración les exige también un certificado del país en el que hayan residido en los últimos cinco años en el que no consten condenas. “No drogas, no robos, no problemas”, decía bien Elhadji. Y, además, sobrevivir.
Los que provienen de países con inestabilidad política han solicitado asilo y pueden vivir en España mientras su petición se resuelve (de seis a nueve meses). La condición de refugiado se concede a los extranjeros perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, grupo social o por sus opiniones políticas. El asilo por protección humanitaria se otorga a los nacionales de países en guerra. Pero Àgata Sol, coordinadora de CCAR, explica que “el año pasado, se presentaron 5.900 solicitudes y solo se concedieron el 5%”. Para el resto, CCAR ensaya otras posibilidades.
A pesar de que la orden de expulsión que pesa sobre estos inmigrantes lleva aparejada la prohibición de entrada en España durante cinco años, “es evidente que si no se les ha podido expulsar ya, tampoco se podrá hacer en el futuro”, indica Sol, añadiendo que intentarán usar una vía legal existente, pero novedosa, para conseguirles el permiso: “Todavía no sabemos cómo responderá la subdelegación del Gobierno, pero si no lo admite, recurriremos”.
Mientras, Elhadji recita el nombre y los dos apellidos de sus amigos de Valencia, con los que irá cuando abandone el “hotel”.