El problema de la inmigración está desbordando por completo al Gobierno, que se muestra incapaz de frenar las oleadas de subsaharianos que llegan a nuestras costas, de atenderlos debidamente y, sobre todo, y lo que resulta lo más preocupante, de ordenar su inmediata repatriación cumpliendo la Ley de Extranjería.

Lejos de tomar medidas en esa dirección, el Ejecutivo pone parches como puede, aun a riesgo de crear agujeros mucho mayores. En lo que va de año, Interior ha trasladado a más de 11.000 sin papeles desde Canarias a la Península en aviones alquilados a una compañía suiza. Esta práctica no es nueva, pero se ha incrementado en los últimos tiempos con las avalanchas de cayucos. Después de aterrizar, los inmigrantes son conducidos a centros de internamiento – que ya están colapsados – , donde pernoctan unos cuantos días antes de salir a la calle, sin papeles, sin hogar, sin dinero, sin trabajo y sin futuro.

Por otro lado, el Gobierno valenciano denuncia que el 85% de los ilegales son enviados a autonomías o ayuntamientos gobernados por el PP. En este mismo sentido se pronunció la Comunidad de Madrid hace poco más de un mes. De confirmarse este dato, la política de inmigración del PSOE quedaría totalmente deslegitimada ante la opinión pública, ya que por un lado el Gobierno ofrece un discurso solidario y cargado de buenas intenciones – que ciertamente no le faltan – y, por otro, utilizaría electoralmente la inmigración para crear problemas a sus adversarios.

El ministro del Interior, Rubalcaba, deberá explicar a su regreso no sólo los acuerdos a los que ha llegado con Senegal – hasta el momento se sabe que dos patrulleras y un helicóptero vigilarán las costas del país africano – sino el turbio asunto de los traslados aéreos, incluido el coste de todas estas chapuzas de ida y vuelta. Por su parte, el ministro de Trabajo, Caldera, tiene pendiente desde hace mucho tiempo aclarar cuántos inmigrantes ilegales son repatriados, de qué modo se hace y, sobre todo, por qué no se cumple la Ley de Extranjería y si tiene alternativas que no impliquen la concesión de nuevos permisos de trabajo extraordinarios.

El problema es muy grave, ya que no cabe duda de que en España se ha producido un efecto llamada por lo fácil que lo tienen para quedarse los ilegales que llegan, y el Gobierno debe aplicar inmediatamente remedios eficaces, evitando declaraciones vagas y planes superfluos. Igualmente, la UE tiene la obligación de contribuir a paliar la situación.