El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga “tiene que existir” pero en un recinto nuevo. Así lo aseguró ayer el subdelegado de Gobierno, Hilario López Luna. en su primera comparecencia por este asunto. El subdelegado ofreció una valoración política un mes después de las primeras detenciones de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Siete están imputados p

or la celebracion de fiestas nocturnas en el CIE en las que el juzgado de Instrucción, 9 de Málaga investiga si hubo abusos sexuales. Otros dos están imputados por presuntos abusos cometidos en otros turnos.

El subdelegado admitió carencias en las instalaciones del antiguo cuartel de Capuchinos y avanzó que el Ministerio del Interior “tiene en mente hacer uno nuevo en mejores condiciones”. No concretó más datos.

El máximo responsable provincial del CIE rechazó errores en su gestión. “Yo no voy a dimitir porque he hecho todo y más de lo que era mi obligación”, aseguró. El director y el jefe de seguridad del centro, imputado por abusos, han sido los dos funcionarios de más alto rango relevados de su cargo por este caso.

López Luna sólo reconoció que “podría haber tomado antes la decisión” de enviar funcionarias a vigilar a las internas, tal como reclamaban ONG y sindicatos policiales, pero “mujeres policías no hay muchas”. La plantilla policial de Málaga está compuesta por 1336 persona. Cerca de 60 son mujeres, según datos del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El subdelegado indicó que “recientemente” se han incorporado siete mujeres al CIE. Todas eran policías antes de que se destaparan los presuntos abusos, según confirmó.

También aludió a la situación de las diez internas relacionadas con el caso. Siete están fuera de España. “No se ha expulsado a nadie sin la aprobación de la jueza”, aseguró. La expulsión de la testigo que abortó la madrugada del 17 de agosto “ha sido anulada”. Según López Luna, la mujer estuvo sometida “constantemente” a vigilancia médica. Su abogado, Jaime Rodríguez, había denunciado que sufrió una “fuerte hemorragia” y que la ambulancia se demoró una hora. Rodríguez solicitó ayer por escrito a la Subdelegación que investigue “minuciosamente” este episodio y aseguró que su defendida “fue esposada mientras la asistían de urgencia”.

PP e IU pidieron al Gobierno que “explique su responsabilidad” en el caso CIE y

que aclare la expulsión de inmigrantes “inmersas en un proceso judicial”.