La Comunidad de Madrid dio ayer por zanjada la disputa con el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el centro de menores no acompañados en la localidad imponiendo su construcción. Pese a la negativa del Consistorio socialista, el Consejo de Gobierno dio cuenta del inicio de las obras para convertir el complejo de La Cantueña en un espacio con un centenar de plazas para la acogida de esos migrantes recurriendo a la Ley del Suelo autonómica.

Una advertencia que ya se había lanzado a finales del mes de abril, ante la primera negativa del Ayuntamiento, y que finalmente se hizo efectiva en el día de ayer. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió recurrir al artículo 163.5 de la normativa alegando «motivos de urgencia o interés general» para instalar el centro sin necesidad de acuerdo entre administraciones en un espacio sobre el que pesa un convenio del año 2000 suscrito por Comunidad y Consistorio.La urgencia y el interés general los achacó ayer el portavoz regional, Miguel Ángel García, al «caos» y «descontrol» de la política migratoria de Moncloa que, a su juicio, está repercutiendo en las autonomías. Un discurso que ya enarboló la presidenta a principios de año, durante un Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares, lugar donde la Delegación del Gobierno había establecido un espacio para acoger a migrantes provenientes de las islas Canarias. De ahí que la Comunidad busque ganar un centenar de plazas a sumar a las 359 de la red pública de primera acogida.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento que dirige el socialista Javier Ayala siempre han renegado de esa opción señalando que el acuerdo de cesión de La Cantueña, que se remite al año 2000, estipula que esos terrenos deben destinarse a usos que «redunden en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada» acogiendo un proyecto medioambiental. Ese mismo texto también indica que su explotación se iniciará en un plazo de cinco años a contar desde la firma, tiempos que nunca se han cumplido, y se mantendrá durante otros 30 años.Mientras desde la Comunidad de Madrid se da por hecho el inicio de las obras con una inversión de 6,9 millones y que finalizarán en el segundo semestre del año, fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada señalan que «el expediente de reversión del espacio ya está en marcha» con la intención de que el terreno regrese a manos del Gobierno municipal, frenando de este modo su levantamiento. De hecho, desde el mismo Consistorio amenazan con acudir a la vía de los tribunales si el Ejecutivo de Ayuso persiste en sus intenciones.

«Consideramos que ese espacio es de la ciudad de Fuenlabrada por lo que la Comunidad debe cuidarse mucho de invertir dinero de todos los madrileños», remarcan desde el equipo de Javier Ayala, donde inciden en que Ayuso no busca «dar soluciones realistas a la acogida de menores» sino «atacar la autonomía local de Fuenlabrada» por «prepotencia». «La decisión de hoy de la Comunidad de Madrid no aporta nada nuevo, sólo muestra la obsesión del Gobierno del PP por poner en marcha este equipamiento en Fuenlabrada. Intentarán hacerlo cueste lo que cueste de de manera unilateral, incumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa y la Ley de Servicios Sociales», concluyen.