El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inicia hoy una gira por Senegal y Mauritania, países de origen de la mayoría de los cayucos que llegan a Canarias, para abordar con mandatarios de ambos países la cooperación española y el problema de la inmigración irregular. El ministro irá acompañado del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y del secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León. En mayo pasado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega viajó a Bruselas para pedir ayuda a la Unión Europea ante la avalancha de inmigrantes.

El Ejecutivo europeo prometió entonces una batería de 15 medidas que empezarían a aplicarse a principios de junio, antes de que la llegada del verano propiciara la travesía en cayucos, Las fechas no se han cumplido. Desde entonces, sólo un reducido equipo de expertos ha viajado a Canarias para trabajar en la identificación de los desembarcados y está previsto que hoy empiecen a trabajar en la zona una patrullera italiana y una corbeta portuguesa.

Bruselas no deja de insistir en que los retrasos en la aplicación de las medidas para frenar la inmigración obedecen a la complejidad de las operaciones multinacionales y a problemas burocráticos surgidos en la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Si no surgen nuevos problemas, la previsión de Frontex es que, desde hoy, una patrullera italiana, de 52 metros de eslora, controle la salida de cayucos de Senegal; y que una corbeta portuguesa, de 84 metros de eslora, lo haga desde las costas de Cabo Verde. Forma parte de la llamada operación Hera II, que pretende vigilar desde el mar las costas africanas y que estará formada, además, por dos aviones, procedentes de Italia y de Finlandia. La duración estimada de la operación es de siete a nueve semanas.

Retraso burocrático

El Ejecutivo comunitario declinó ayer comentar las causas de los sucesivos retrasos. A los problemas burocráticos se le añaden, además, los diplomáticos, sobre todo en el caso de Senegal, que no está dispuesto a que sus agentes patrullen junto con los europeos, y pide a cambio que España le entregue barcos para formar sus propias patrullas.

En total, Frontex tiene previsto contribuir con 3,2 millones de euros para luchar contra la inmigración clandestina en Canarias. Problemas administrativos en la casi recién creada agencia, con sede en Polonia, sobre con cargo a qué partidas se liberaba ese dinero, han sido la causa de parte de los retrasos, según explicaron fuentes comunitarias. “Una operación de esta complejidad implica muchos problemas legales, financieros y administrativos”, explicaba hace días el portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam, quien indicó que la respuesta de la UE a la petición española fue muy rápida.

Fue el 23 de mayo cuando De la Vega, y el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, anunciaron en Bruselas la puesta en marcha de un plan. Las patrullas marítimas europeas constituyen una de las 15 medidas comprendidas en el plan y que según Bruselas empezarían a funcionar dos semanas después del anuncio. Según dijo entonces Frattini resultaba crucial la puesta en marcha de las medidas antes del verano.