ESA imagen de la constante llegada de cayucos cargados de ciudadanos subsaharianos a las Canarias – más de un millar este fin de semana- refleja, al margen de otras consideraciones, la impotencia de las autoridades españolas para frenar la inmigración ilegal. Lo que pasa en Canarias es, en cierta manera, un símbolo de lo que sucede con la masiva entrada de inmigrantes ilegales que se produce a través de los aeropuertos y de los Pirineos.

España necesita un cierto porcentaje de inmigración para cubrir sus necesidades económicas y de atención social. Eso es evidente. Pero debe evitar que el fenómeno acabe por desbordar al país. En este sentido, el Gobierno debería organizar mejor los mecanismos para facilitar la inmigración legal, incluso con la apertura de oficinas en los países emisores – incluidos los subsaharianos- para agilizar los trámites administrativos correspondientes. Pero debería ser inflexible y riguroso con el control de la inmigración ilegal.

No puede ser que España ofrezca al mundo la imagen de que todo el que llega, aunque sea ilegalmente, se queda, ya que ese es el principal efecto llamada. Sólo se expulsa a unos 12.000 inmigrantes al año de los centenares de miles de sin papeles que hay. En este sentido, de entrada, es urgente aumentar los medios y las dotaciones, tanto policiales como administrativas, encargadas de este proceso, ya que hace diez años que están igual.

Está bien que el presidente del Gobierno, como ha declarado este fin de semana en Canarias, haya decidido doblar la ayuda española al desarrollo de los países subsaharianos y enviar a su ministro del Interior a negociar con Senegal, uno de los principales países emisores de África. Pero en la situación actual una política de inmigración exige mensajes y acciones más eficaces y contundentes en todos los órdenes.