Han pasado más de cuatro años, pero a Timothy Hucks le hierve la sangre cada vez que lo recuerda. En Estados Unidos o en Europa, lo que le ocurrió a este neoyorquino en Marruecos podría considerarse un secuestro.

Era marzo de 2019 y a Hucks, que entonces trabajaba como profesor de inglés en Rabat, lo había dejado su novia. Arrasado, lo único que quería era beberse una botella entera de vino, así que dejó una quiche en el horno y su móvil encima de la mesa y salió hacia una licorería que estaba a solo cuatro minutos de su casa. Acabó detenido y desterrado a una ciudad a más de 300 kilómetros de la capital marroquí. Junto a él, había decenas de chicos. Todos ellos tenían algo en común: eran negros.

Idiatou y Bella rogaron a sus captores, las fuerzas de seguridad mauritanas, que no las dejasen en tierra de nadie, sin teléfono y sin dinero, porque no sabrían cómo volver ni cómo pedir ayuda. Pero acabaron abandonadas y descalzas en un puesto fronterizo entre Mauritania y Malí, en una zona donde actúan grupos yihadistas.

François, un músico camerunés con un niño de seis años a su cargo, terminó sufriendo alucinaciones en mitad de un paraje desértico en Túnez del que le costó salir nueve días. Era la primera, pero no la última vez que le dejarían tirado en mitad de la nada.

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, los que sobreviven relatan secuestros, extorsiones, torturas, violencia sexual o ataques de perros azuzados por las fuerzas de seguridad. Una práctica que se aplica de forma sistemática casi en exclusiva contra personas negras y que cuenta con un cómplice silencioso: la Unión Europea.

Una investigación de EL PAÍS con la organización Lighthouse Reports y otros medios internacionales ha documentado de la forma más exhaustiva hasta la fecha cómo los fondos europeos financian estas operaciones en Marruecos, Mauritania y Túnez.

Lugares verificados de abandono

Túnez

Rabat

Beni Melal

TÚNEZ

Sfax

MAURITANIA

Nuadibú

MARRUECOS

Tiznit

Nuakchot

Rosso

Gogui

200 km

200 km

200 km

“Cuando la Unión Europea te da dinero para bloquear las fronteras, tienes que deshacerte de los inmigrantes irregulares en tu territorio. O, al menos, complicarles la vida”, afirma una fuente europea que ha trabajado en programas financiados por los fondos europeos para África. “Si un inmigrante de Guinea está en Marruecos y lo llevas al Sáhara dos veces, a la tercera pedirá el retorno voluntario [a su país]”, mantiene este interlocutor, que pide el anonimato por miedo a que las autoridades marroquíes dificulten su trabajo.

Las primeras evidencias de estas operaciones se remontan a 2003 en Marruecos, pero con los años se han ido sistematizando. El pasado verano hasta pudieron verse por televisión. Hombres, mujeres y niños negros se mostraban frente a las cámaras en tierra de nadie entre Túnez y Libia. La foto de una mujer y su hija muertas por deshidratación en la arena dio la vuelta al mundo.

Ante tales imágenes, la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, mostró su preocupación, pero subrayó: “El dinero europeo no está financiando la deportación de inmigrantes. Eso es totalmente falso”.

Durante más de un año, esta investigación ha reunido pruebas que demuestran no solo que estas operaciones son de sobra conocidas en Bruselas desde hace años, sino que se ejecutan gracias al dinero, los vehículos, los equipamientos y la inteligencia que proporciona la UE. Es una estrategia de dispersión en la que España tiene un papel destacado.

Las entrevistas a más de medio centenar de supervivientes, así como a una decena de fuentes policiales y comunitarias, señalan la violación rutinaria de convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, discriminación y tortura. La agencia europea de fronteras (Frontex), la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también están al tanto de esas prácticas, según documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

España es pionera en firmar acuerdos con los que se financia a los países africanos de origen y tránsito para que frenen a quienes intentan llegar a Europa. Fueron pactos alcanzados durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para detener los cayucos que llegaban a las islas Canarias en 2006 y que se mantienen hasta hoy. Con los años, Madrid, además de ir aumentando su financiación a países de África, ha presentado esta estrategia en Bruselas como una receta de éxito contra la inmigración irregular. Desde 2015, Europa ha firmado acuerdos con Turquía, Libia, Túnez, Marruecos y, recientemente, con Mauritania y Egipto; todos ellos cuestionados por sus deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales.

Dos agentes fronterizos libios dan agua a un migrante africano en una zona desértica en la frontera entre Túnez y Libia en julio de 2023.
Dos agentes fronterizos libios dan agua a un migrante africano en una zona desértica en la frontera entre Túnez y Libia en julio de 2023.
HAZEM TURKIA (ANADOLU AGENCY/ GETTY IMAGES)
En el caso de Túnez, Marruecos y Mauritania, la UE les ha proporcionado entre 2015 y 2021 más de 400 millones de euros en el marco del Fondo Fiduciario de la UE para África (EUTF, por sus siglas en inglés), destinado exclusivamente a abordar las causas de la migración irregular. Además, los Veintisiete pagan otras decenas de proyectos, pero la falta de transparencia del sistema de financiación hace imposible verificar cuánto dinero se gasta y dónde. Los tres Estados norteafricanos se encuentran entre los que más apoyo económico reciben y son clave en la política europea de externalización de fronteras.

Las prácticas contra la inmigración irregular de estos países son de “dominio público” en la UE, mantiene una fuente que trabajó en el diseño del programa del EUTF en Marruecos, con el que, en teoría, se impulsan las economías locales para desalentar la emigración. “Esto [las detenciones y los traslados forzosos] se ha hecho siempre”, afirma Gil Arias, ex director ejecutivo adjunto de Frontex entre 2006 y 2016.

La UE está obligada a garantizar que el uso que se da a sus fondos no atenta contra los derechos humanos, aunque la Comisión Europea ha admitido por escrito que no hace un seguimiento de ese requisito. En respuesta a las preguntas planteadas por esta investigación, una portavoz afirma que “todos los contratos de la UE tienen cláusulas de [respeto a los] derechos humanos que permiten ajustar la aplicación según sea necesario”. Sin embargo, dos altos funcionarios europeos reconocen en privado que resulta “imposible” controlar los usos de la financiación y los equipamientos.

La estrategia no parece funcionar. La inmigración irregular sigue en aumento y ha alcanzado máximos que no se veían desde la crisis de refugiados de 2015: más de 380.000 personas en 2023, un 17% más que el año anterior, según Frontex. En paralelo, el sentimiento xenófobo en Europa se ha disparado y la inmigración es clave en el debate público ante las elecciones europeas de junio, en las que la extrema derecha pretende ganar millones de votos a costa de avivar el miedo contra el extranjero.
Los casos más graves de violencia por parte de las autoridades marroquíes recogidos por esta investigación se produjeron cerca de la frontera con Mauritania. Cuatro supervivientes guineanos, uno de ellos visiblemente malherido, han contado cómo al entrar en el Sáhara Occidental, territorio controlado por Marruecos, fueron acorralados por dos grupos de policías uniformados. Algunos iban subidos en quads y otros, acompañados de perros. Los jóvenes aseguran que los agentes les quitaron todo y que fueron golpeados y atacados por los canes. Después de dos horas retenidos en una especie de cuartel de campaña donde solo veían arena, con varias decenas de presos más, fueron abandonados, con los pies y las manos atadas, sin agua ni comida. Hasta que lograron romper las bridas y marcharse. “Algunos salieron corriendo tras ser liberados, sin ayudar a los demás. Otros no podían ni andar. Otros estaban gravemente heridos por las mordeduras de los perros y por las palizas”, cuenta uno de ellos.

Después de la traumática experiencia, estos guineanos quieren volver a su país. “Nadie puede seguir adelante después de las torturas que sufrimos”, explican.

Rabat afirma que el año pasado frustró 75.184 intentos de inmigración irregular, aunque solo unas 18.000 personas fueron interceptadas en el mar o en la frontera —en un claro intento de emigrar—. En esos números no se especifica cuántos fueron trasladados a zonas remotas contra su voluntad. En Madrid, ninguno de los agentes entrevistados se cree esas cifras, divulgadas por Marruecos para demostrar su supuesta eficacia, pero son las únicas que se hacen públicas. En cualquier caso, no parece importar mientras Rabat contribuya a reducir el número de entradas irregulares.

Para ello la UE financia parte de las operaciones marroquíes contra la inmigración irregular, en tierra y en mar, y España, de forma individual, inyecta 30 millones anuales a Rabat en concepto de cooperación policial. Las Fuerzas Auxiliares y la Gendarmería marroquí, dos de los cuerpos policiales involucrados en las detenciones y traslados forzosos, han recibido decenas de millones de euros de Bruselas. Y algunos de los vehículos de los que se vale Marruecos para su estrategia de dispersión de migrantes coinciden con los donados por la UE y España.
Las prácticas marroquíes son conocidas en Bruselas. En 2019, la Comisión Europea alertaba de una “campaña” contra “refugiados subsaharianos y solicitantes de asilo” en la misma memoria en la que justificaba los fondos a Marruecos. Varios miles de personas, entre ellos niños y mujeres, decía, “han sido arrestados ilegalmente y llevados a zonas aisladas del sur del país o cerca de la frontera con Argelia”. La “discriminación racial y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía” también se mencionan en un documento de Frontex de febrero de 2024.