l Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, la norma que devolverá el derecho a una atención sanitaria completa y gratuita a cualquier persona que resida en España y que, por lo tanto, terminará con la exclusión total o parcial de la prestación sanitaria pública de cientos de miles de ciudadanos que hace 12 años, en el 2012, acordó el Gobierno del PP con el único respaldo de su mayoría absoluta. La norma, que no entrará en vigor hasta que sea debatida y aprobada por el Parlamento, recupera el derecho a la asistencia sanitaria en España en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos para los españoles que residen en el extranjero, para los inmigrantes que llegan mediante los procesos de reagrupación familiar y para todo extranjero residente es el país, con independencia de que tenga o no papeles.

Todos ellos tendrán derecho a recibir atención sanitaria integral, gratuita, inmediata y sin trabas ni dilaciones, con independencia de que más tarde, si se comprueba que están cubiertos por cualquier tipo de aseguramiento público o privado, nacional o extranjero, se les puedan refacturar los costes de la atención a estas empresas u organismos.

La iniciativa legislativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, por tanto, ampliará el derecho a la atención sanitaria de todas las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, pero que están desplazadas temporalmente o de visita en el territorio español, así como de los familiares que las acompañen, cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales.

De igual manera, amplía los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a los ascendientes (padres y abuelos) de los inmigrantes con permisos de residencia que llegan a España por el procedimiento de reagrupación familiar siempre que estén a cargo de los hijos y siempre que, como en el caso anterior, no exista un tercero obligado legalmente al pago de dicha asistencia.

En tercer lugar, tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública sin límites ni barreras cualquier extranjero que viva en España tenga o no documentos legales para ello. En este paquete la ley especifica que están incluidos los solicitantes de protección internacional, los solicitantes y beneficiarios de protección temporal, las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal haya sido autorizada durante el período en que se comprueba si son realmente esta clase de víctimas o mientras deciden si vuelven o no a su país de origen y, en definitiva, los inmigrantes no registrados ni autorizados como residentes en España. En este último caso, recibirán la asistencia gratuita y sin exclusiones (que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español) con cargo a los fondos públicos de las autonomías (las administraciones competentes) siempre que se cumplan estos tres requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago. Esto podrá acreditarlos mediante la presentación de una simple declaración responsable, sin menoscabo de que, cuando se resuelva el procedimiento administrativo, si se comprueba que incumplían alguno de los requisitos se le reclamará el abono de la cuenta de la asistencia recibida al tercero obligado al pago.

Los colectivos excluidos no solo recuperan el derecho íntegro a la atención sanitaria sino también a la prestación farmacéutica.

El proyecto de ley también establece una «cartera común de servicios única» para todo el país, que agrupará la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios. Y garantiza que ningún Gobierno, central o autonómico, podrá establecer nuevos copagos a los ciudadanos por alguno de estos servicios básicos.