Las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos o con clientes a cambio de drogas o dinero. Así actuaba la red de explotación sexual con doce detenidos en Asturias. Las cinco víctimas que por ahora figuran en la causa tienen entre 13 y 17 años y estaban tuteladas por el Principado en centros de menores. Una situación de explotación sexual que recuerda a la que sacudió al Gobierno de Baleares cuando lo presidía Francina Armengol.

Los arrestados aprovechaban, según la Policía, el perfil de estas menores, en situación de «gran vulnerabilidad», con innumerables fugas y sin arraigo familiar. En algunos casos presentaban ya una fuerte adicción a las drogas. La trama abusaba de ellas sexualmente y a cambio de dinero o drogas actuaban como proxenetas. Los agresores, sostiene la Policía Nacional, eran hombres de entre 26 y 44 años.Desde el Principado eludían, al desvelarse el caso, cualquier tipo de responsabilidad. Aseguran que el sistema de protección es bueno y «funciona». Y muestra de ello, dijo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, es que la denuncia la interpuso el pasado 19 de enero la directora de uno de los centros donde residían las víctimas, tras revelarle la menor a una cuidadora lo que sucedía. «Lo contó donde se sentía segura», argumentó, «lo que demuestra que la formación que tienen los cuidadores para detectar estos casos de agresión sexual sirve».

La menor acudió a comisaría y colaboró en todo, reconocimiento facial, entrega de móvil y pruebas de ADN. A partir de ahí, explicó Del Arco, fueron apareciendo más casos. Insistió en el mensaje de «tolerancia cero» y «protección absoluta a los niños que vean agredida su intimidad» y recalcó que es necesaria la visibilidad de casos como este para normalizar las denuncias.

En marzo, Del Arco compareció en el Parlamento a petición de la oposición ante las continuas fugas de menores de los centros. Entonces dijo que eran «casos puntuales, pero graves» porque estas menores eran «muy vulnerables» que, «al no haber recibido afecto de sus padres, lo buscan donde no toca».

EN COMA, EN UN PORTAL
El pasado verano una menor tutelada de 14 años apareció en coma en un portal de Gijón. En el centro sanitario constataron que había sido violada y en su cuerpo encontraron restos de éxtasis y cannabis. El presunto agresor, de 23 años, había subido a redes fotos y vídeos de ambos consumiendo. En el registro policial que se efectúo en el domicilio aparecieron más fotos con otras menores.De los detenidos ahora, dos son de origen latinoamericano nacionalizados españoles y el resto, subsaharianos, según informó la Policía. Dos de ellos fueron arrestados en Madrid. Se les imputan delitos de agresión sexual con penetración a menores, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores. El principal investigado está en prisión preventiva por otras agresiones a menores y la Policía no descarta más arrestos, ni que aparezcan más víctimas.

La Consejería de Bienestar defendió ayer el sistema de protección del Principado y recordó que los centros de menores son lugares abiertos, no son cárceles, y que los menores pueden salir y entrar libremente aunque «tienen horarios». Tienen sus pagas y normas como en una familia. En Asturias hay unos 330 menores tutelados en centros de acogimiento residencial.

Algunas de las menores víctimas de la trama arrastran con ellas decenas de fugas de los centros. A veces duran varios días e incluso semanas. «Cuando se producen estas fugas», expuso la consejera de Derechos Sociales, «la obligación del centro es denunciar en comisaría y se hace».

Asturias se personará en la causa como acusación, según anunció ayer Del Arco, quien señaló que las menores está siendo asesoradas y defendidas por abogadas del turno de violencia. En su comparecencia ante los medios, incidió en que este caso«no es una cuestión de fallos» sino que «es un asunto de violencia contra la infancia» por lo que muestra «contundencia» y «tolerancia cero» contra las agresiones ejercidas por adultos.Aseguró que hay formación constante al personal aunque admitió que «siempre» se puede mejorar en la prevención y detección de casos de agresiones sexuales, poniendo el acento sobre las nuevas fórmulas para captar a menores en el ámbito digital.

Según la Policía, los servicios sociales de la Administración autonómica están «colaborando activamente en la investigación» y han mostrado «una gran preocupación por la relevancia de los hechos».