- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha celebrado que se esté trabajando en la modificación de la Ley de Extranjería para “tratar de aliviar” la situación de Canarias, Ceuta y Melilla respecto a la acogida de miles de menores migrantes con el traslado a otras comunidades.

“La hospitalidad no es de ningún partido”, ha aseverado Gabilondo ante la Comisión Mixta parlamentaria de Relaciones con el Defensor del Pueblo, quien ha aseverado que no hay ninguna comunidad que pueda sobrellevar la acogida de más de 5.000 menores, como es el caso de Canarias.

“Hay que buscar un sistema de distribución de esos menores, se están buscando medidas de modificaciones legislativas para propiciar esa situación, pero sobre todo yo espero que haya consensos y acuerdos, en mi ingenuidad; vamos a esperar a ver qué ocurre con eso”, ha señalado.

Gabilondo ha presentado en el Congreso de los Diputados los informes anuales 2022 y 2023 en su primera comparecencia ante la actual Comisión Mixta, constituida en diciembre del año pasado, tras iniciarse la XV Legislatura.

Los menores tienen derechos y hay que tener siempre en cuenta el interés superior del menor, “no va de cumplirlos si te viene bien o mal, hay una obligación universal de su cumplimiento”, ha incidido.

“Sobre los menores migrantes, el Gobierno ha anunciado cambios legislativos, cada uno su misión, el defensor no legisla, hay que esperar a ver qué se nos quiere proponer”, ha añadido Gabilondo, quien ha insistido a los parlamentarios que sus explicaciones son como defensor “que no está sujeto a mandato imperativo de ningún tipo, ni de ningún gobierno”.

Gabilondo ha recordado que en 2023 se realizaron dos visitas a Canarias y que la institución lleva alertando desde 2022 de la necesidad de adaptar los centros de acogida temporal de extranjeros a las necesidades de mujeres y menores, cuya llegada a las islas se ha incrementado notablemente en los últimos meses.

“Es un problema de enorme envergadura”, ha asegurado Gabilondo, quien ha abogado por arbitrar algún procedimiento para que haya “espacios regulares de entrada en nuestro país sin necesidad de saltar ninguna cosa y regulado por procedimientos, pero no me corresponde a mi legislar”.

El defensor del pueblo ha anunciado que durante la primera quincena de mayo la institución va a presentar un informe sobre inclusión financiera.

Sobre este asunto, ha incidido en que se debe facilitar y garantizar atención adecuada en las gestiones y trámites que deben realizar los ciudadanos en su relación con las administraciones, y ha insistido en que los procesos de digitalización tienen que ser compatibles con la asistencia presencial.

Gabilondo también ha reconocido que le gustaría realizar un análisis de la violencia vicaria y ha recordado el necesario consenso en torno a un acuerdo sobre una posición de país.

En respuesta a algunos grupos, ha explicado que la institución ha recibido 200 quejas en relación con la ley de amnistía, algunas de presos que piden su amnistía.

Gabilondo ha resaltado ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta que “la pobreza es la gran exclusión y la reducción de la desigualdad ha de ser un objetivo prioritario del conjunto de los poderes públicos, y debe ser prioritario para las administraciones atender a aquellos ciudadanos más vulnerables”.

En los ejercicios 2022 y 2023, la institución tramitó 67.055 expedientes (31.452 al año 2022 y 35.603 a 2023).
En la labor realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), ha señalado que la institución realizó en los dos años 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad y ha valorado la reducción del uso de las contenciones e inmovilización con correas.

La saturación en la Atención Primaria, el incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada, la insuficiencia de recursos específicos para una atención a la salud mental y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación centraron las quejas y también las actuaciones del Defensor del Pueblo en materia sanitaria en esos dos años.