La coalición CiU ha dado una nueva muestra del proyecto excluyente que constituye el nacionalismo catalán. Abrió el fuego el secretario general de la formación, Duran Lleida, afirmando que para que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales en Cataluña primero deben conocer la lengua, la cultura y la identidad catalanas, por lo que fue acusado de xenófobo y racista por el PSC y el PP. Ayer fue Felip Puig, portavoz convergente en el Parlament, quien se descolgó con unas declaraciones abiertamente separatistas. Asegura que el voto de los inmigrantes «amenaza el proyecto de país de Cataluña». Ni siquiera ERC se ha puesto en esta ocasión al nivel de CiU, que asegura que «Cataluña no está en condiciones de regalar derechos políticos». Los derechos políticos no se regalan, sino que los adquieren los ciudadanos por el hecho de ser considerados como tales. Por tanto, guste o no guste al nacionalismo catalán, si el Parlamento español aprobase una ley que regulara el derecho de voto de los inmigrantes en los comicios municipales, tal derecho sería extensivo a los residentes extranjeros en Cataluña. No cabe duda de que los convergentes sienten pánico ante la posibilidad de que su «proyecto de país», tendente a la homogeneización lingüística y cultural y a la eliminación de la diversidad y el pluralismo se vaya al traste por el hecho de que se amplíen los derechos políticos de los inmigrantes.