DANI CORDERO. Enviado especial

PRADA (FRANCIA).-

El argumento es simple: «Es una amenaza para el proyecto de país» ya que «Cataluña no está en condiciones de regalar derechos políticos». De esa manera, CiU se niega tajantemente a que los inmigrantes puedan votar en las próximas elecciones municipales.

Con esas afirmaciones, el convergente Felip Puig se puso ayer del lado de sus socios de Unió y completó así la postura de CiU respecto al plan que perfila el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En tres días de polémica, se trata ya de la oposición más dura que ha llevado a cabo la federación nacionalista contra cualquier iniciativa legislativa llevada a cabo por el Ejecutivo socialista en lo que va de mandato.

El portavoz de CiU en la cámara catalana remarcó la línea dura de la coalición en esta materia y puso el acento en el hecho de que si Cataluña fuera un Estado, podría realizar «este tipo de ofrecimientos». Durante una intervención en la Universitat Catalana d’Estiu, que se celebra estos días en la población frandeca de Prada, Puig arremetió contra la «frivolidad y la irresponsabilidad» del plan de Moncloa, y reclamó que Cataluña sea «sensible y muy cautelosa» al avanzar en materia de inmigración, al reiterar que la comnunidad autónoma ya cuenta con altas tasas de solidaridad al encontrarse entre «las tres regiones con más inmigración acogida».Incluso llegó a afirmar irónicamente que muchos inmigrantes podrán votar en España cuando no lo han podido hacer nunca en sus países de origen.

La dura postura de CiU choca con la ofrecida por el resto de partidos catalanes. Incluso ERC ha optado por una línea más ambigua frente a la propuesta socialista, con la inclusión de matices.Ayer mismo, su secretario general, Joan Puigcercós, reclamó una comparecencia parlamentaria de los responsables del Ejecutivo central en materia de inmigración para explicar las responsabilidades del Gobierno en materia de flujos migratorios.

Y ICV, a través de su portavoz en el Parlamento catalán, Joan Boada, volvió a tachar la postura de CiU de «xenófoba e, incluso etnicista». El ecosocialista, sentado ayer al lado de Puig, no se escondió al afirmar que la postura de los nacionalistas no coinciden cuando se tratan de europeos: «de la misma raza y de una religión similar», dijo Boada. Aunque más reposada, la versión del responsable en materia económica del PSC, Antoni Castells, reclamó evitar la «demagogia en una cuestión como ésta», tras reclamar «un valoración con todo el rigor» y ser conscientes de que la medida «no vale para las próximas elecciones autonómicas» que se celebrarán el próximo 1 de noviembre.

Respecto a éstas, Felip Puig advirtió que la candidatura de Montilla a la Generalitat representa de antemano un «fracaso» similar al del tripartito de Maragall. No era un referencia al lugar de origen, andaluz, de Montilla, elemento que le sirvió para destacar el «éxito de Cataluña, porque en Francia o en Estados Unidos sería imposible». El nacionalista aludía «al modelo de los ex alcaldes socialistas que intentan gobernar un país» en referencia a los consellers del Ejecutivo Maragall que han pasado desde una alcaldía al Gobierno catalán: el aún president, Joaquim Nadal, Montserrat Tura, Antoni Siurana, Jordi Valls y el próximo candidato, el propio Montilla.

Por su parte, Castells defendió la gestión de Pasqual Maragall en los últimos tres años, al frente de la Administración autonómica, de la que dijo que «el capital deja es de la mejor tradición del catalanismo político». Sería esa buena gestión la que ha convertido al presidente de la Generalitat en el «pararrayos de las críticas de la derecha española».

El conseller socialista aseguró que la candidatura de Montilla supone «avanzar más en el mismo camino» que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. El proyecto a seguir, según aseguró, se basa en hacer «posible el autogobierno en Cataluña dentro del Estado», «no desentendiéndose de España, sino participando» y haciendo posible un país en el que quepan todos.