La Fiscalía ha pedido que se condene a tres años de cárcel por un delito de odio a Ricardo Ferris, inspector de la Policía Nacional que equiparó inmigración y delincuencia en un acto de Vox celebrado en Valencia en octubre de 2022. Ferris, que entonces era el jefe de la Comisaría Centro de esa ciudad, lanzó un discurso en el que atribuía al colectivo de inmigrantes la práctica totalidad de los delitos cometidos, unos mensajes que, según el ministerio público, estaban “encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia los migrantes, y en los que, además, utilizó “datos falsos”.

“Ya hace casi cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales”, manifestó el mando policial durante la mesa redonda de aquel acto de Vox. “Todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente de fuera “, dijo en otro momento. Y añadió: “La violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual”. Además de la pena de prisión, el ministerio público reclama que se imponga al inspector una multa de 1.800 euros y se le inhabilite durante seis años para cargo público. Una treintena de organizaciones de atención a personas migrantes y de defensa de sus derechos presentaron en 2022 una denuncia contra él por estas palabras.

La Fiscalía destaca en su escrito de acusación que el policía realizó esas polémicas afirmaciones “a sabiendas de que los datos eran falsos”. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el número de infracciones cometidas en 2022 por personas de nacionalidad española fue de 38.872, mientras que las personas de otras nacionalidades protagonizaron 19.766. En cuanto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se registraron 86 cometidos por nacionales y 40 por personas extranjeras, según los datos aportados por la Fiscalía.

El ministerio público recalca la repercusión que tuvieron las palabras del policía, ya que el vídeo se hizo viral en internet. El acto sobre “inmigración y ciudadanía” se celebró en el Ateneo Mercantil de Valencia y fue organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas. Según el fiscal, la publicación se retiró, por lo que no se han podido estimar las visualizaciones de ese vídeo. Sí que se han contabilizado hasta 13.420 reproducciones de vídeos y audios sobre las palabras del inspector en diferentes soportes.

La Fiscalía considera que estos hechos encajan en un delito cometido contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, contemplado en el artículo 510.1. del Código Penal, que castiga a quien fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio contra una persona por motivos racistas o a quien produzca o facilite material que también promueva el odio.

Tras difundirse el vídeo, el Ministerio del Interior destituyó a Ferris de manera fulminante y le abrió una información reservada, paso previo a un expediente disciplinario, tanto por sus palabras como por el hecho de que no hubiera pedido autorización a sus superiores para intervenir en el acto político en su condición de policía. Días después de su cese, Ferris solicitó el pase a la segunda actividad, una situación contemplada para los agentes de la Policía Nacional por la que abandonan la actividad policial pero siguen cobrando parte de sus retribuciones como funcionarios (el sueldo base, trienios y un complemento). Tras su pase a la segunda actividad, Ferris dejó de estar sometido al régimen disciplinario de la Policía y evitó ser sancionado.

Desde su cese, este agente, que ha contado con el apoyo del sindicato Justicia Policial (Jupol, el mayoritario entre los policías y fuertemente enfrentado al Gobierno), continuó haciendo declaraciones en diversos medios en los que reiteró los mensajes en los que equiparaba inmigración irregular y delincuencia. En ellos, cargó duramente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el PSOE y el PP.