Una creciente preocupación pública por la violencia juvenil sacude Francia. Las estadísticas han dejado ver un problema que se incrementa a medida que avanza el siglo y al que los gobernantes no consiguen poner freno. Los últimos datos recogidos por el Ministerio de Justicia galo desvelan una situación alarmante: la mayoría de los delitos, no necesariamente de poca entidad, son cometidos por adolescentes de entre 13 y 16 años. Pero aún son más escandalosos los datos aportados desde la cartera de Interior, donde se afirma que los menores de 13 años representan el 2% de los sospechosos de agresiones, muchas con armas blancas, y el 1% de los robos con violencia. Abusos sexuales, violencias relacionadas con el tráfico de estupefacientes, atentados contra la autoridad, agresiones a profesores y conductores de autobús, saqueos de locales comerciales, incendios de coches… conforman el catálogo de desmanes.

Hablamos incluso de asesinatos y linchamientos. Dos adolescentes mataron a golpes a un hombre de 22 años la semana pasada en Grande-Synthe, un suburbio de Dunkerque, y, hace tres un muchacho de 15 años murió tras ser atacado por otros jóvenes cuando regresaba a casa desde la escuela en Viry-Châtillon, en la periferia de París. Por esas mismas fechas, una niña de 13 años quedó en coma después de ser golpeada por sus compañeros de colegio en Montpellier por no llevar un velo musulmán.

Alarma social
Ya el pasado año el presidente, Emmanuel Macron, se vio obligado a convocar un gabinete de crisis y a adoptar medidas excepcionales que sólo dieron resultados puntuales. Una alarma social recorre el país y son cada vez más las voces que reclaman medidas drásticas. A falta de una respuesta conjunta lanzada desde el Elíseo, han sido varios alcaldes los que se han puesto al frente de este combate contra la precupante violencia de los adolescentes.

Es el caso de Robert Ménard, fundador de Reporteros sin Fronteras y antiguo correligionario de Marine Le Pen que desde 2014 gobierna la localidad de Béziers (74.000 habitantes) con la mano dura que dictan sus creencias de ultraderecha. El incontrolable aumento de la inseguridad en las calles de su municipio le ha llevado a decretar un toque de queda para los menores de 13 años. Ningún niño podrá estar fuera de sus domicilios entre las 23.00 y las 6.00 horas salvo que se encuentre acompañado por un adulto. A quien se localice pernoctando se le conducirá a su hogar o será confinado en la comisaría municipal hasta que sus padres lo recojan. La familia podría ser objeto de acciones penales por los delitos que cometan sus hijos.

A la iniciativa de Ménard se ha unido con celeridad su colega Michael Amiel, que encabeza la corporación de Pennes-Mirabeu, o la ciudad de Niza (342.522 habitantes), que dirige el centroderechista Christian Estrosi, y hasta los territorios de ultramar como Pointe-à-Pitre, la capital del archipiélago de Guadalupe, en el Caribe. Allí el alcalde, un ecologista de izquierdas, reclamó el confinamiento nocturno, medida de excepción que ha sido aprobada por ministro del Interior, Gérald Darmanin. Se lo están pensando también en Perpiñán, Compiègne…

Sin embargo, este tipo de actuaciones personalistas desde los ayuntamientos pueden chocar con la Justicia. Ya en 2014 el Consejo de Estado puso freno a Ménard porque sus decretos no estaban sustentados por «la existencia de riesgos particulares relacionados con los menores». El regidor argumenta que las medidas tienen «fines preventivos con el objeto de preservar el buen orden y la tranquilidad pública».

El origen
La génesis del problema es situado por los sociólogos en los disturbios que se registran en los barrios marginales de las grandes ciudades –especialmente en París– desde 2005 por las muertes de pequeños delincuentes a manos de actuaciones cuestionables de la Policía. Aquello generó un caldo de cultivo que ahora ya germina. Un punto de inflexión puede localizarse en la muerte de Nahel, un joven de origen magrebí de 17 años y sin antecedentes penales abatido en la ‘banlieue’ de Nanterre por el disparo de un agente durante un control de tráfico. Los disturbios obligaron el pasado verano a desplegar a 40.000 agentes y ha decretar por primera vez un toque de queda. Desde entonces la espiral no ha hecho salvo crecer, como también lo ha hecho la cantidad de menores sin familia. errantes y carentes de domicilio fijo que cada noche vagan por las calles abandonados a su suerte. Auténticas canteras de marginalidad a las que el Gobierno atribuye «olas de «salvajismo» ancladas a una inmigración clandestina.