El Gobierno de Canarias hizo ayer un llamamiento para que Naciones Unidas “y toda la comunidad internacional” eviten los cientos de muertes que se está cobrando este año el fenómeno de la inmigración irregular en cayucos que recorren distancias de entre 800 y 1.200 kilómetros desde las costas de Senegal y Gambia. La crisis migratoria se traduce en la llegada diaria de centenares de subsaharianos. Ayer arribaron al archipiélago 432 inmigrantes, lo que eleva la cifra de interceptados durante el pasado fin de semana hasta los 1.268. El director general de Protección al Menor y Familia de Canarias, José Luis Arregui, calificó la situación de “emergencia internacional”.

El alto cargo del Gobierno controlado por Coalición Canaria explicó a EL PAÍS que “nadie puede permanecer impasible ni un minuto más ante esta tragedia; Europa, la ONU y la comunidad internacional deben afrontarlo con la urgencia y el respeto que merece la vida de cada una de estas personas, muchas de ellas apenas adolescentes de 15 años”.

Desde el pasado viernes han llegado al archipiélago un total de 1.268 inmigrantes, en la mayor oleada que hasta el momento se ha producido en un fin de semana. En lo que llevamos de año, los que alcanzaron las islas superan ya los 17.000. Ayer fueron 432 los que arribaron en cuatro cayucos. Tres fueron conducidos al puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, tras ser interceptados en alta mar, y el cuarto, al de Arguineguín, en Gran Canaria.

A última hora se esperaba la llegada a Tenerife de una nueva embarcación interceptada a unas 100 millas al sur de Gran Canaria de la que momentáneamente se había perdido el rastro. El remolcador de Salvamento Marítimo Conde de Gondomar volvió a encontrarla en la tarde de ayer y la escoltaba hacia el puerto de Los Cristianos, donde se esperaba la llegada para esta madrugada.

La jornada de mayor afluencia fue el pasado viernes, cuando llegaron 512 personas en cinco cayucos que alcanzaron Tenerife y otro que desembarcó en San Sebastián de la Gomera. El sábado arribaron otros 324 indocumentados en tres barcazas que fueron conducidas al puerto de Los Cristianos y la isla de El Hierro. Un cuarto cayuco apareció frente a la playa tinerfeña de Las Galletas sin la intervención de ningún buque de Salvamento ni patrullera de la Guardia Civil. Las previsiones meteorológicas para los próximos días y las buenas condiciones del mar favorecen la llegada de nuevas embarcaciones.

Otros 132 subsaharianos llegados el sábado a El Hierro permanecen aislados en un polideportivo de la isla a la espera de que los análisis de sangre a que han sido sometidos descarten un posible brote de tuberculosis, según un portavoz de la Delegación del Gobierno en Canarias. Uno de los africanos llegados en este grupo declaró al desembarcar que padecía esta enfermedad, pero los exámenes a que fue sometido resultaron negativos. Como medida de precaución, todo el grupo fue aislado sin ningún tipo de contacto con otras personas, excepto el personal sanitario que realiza los análisis de sangre que podrán descartar cualquier riesgo de contagio.

José Luis Arregui advirtió al Gobierno español de que “no puede ni debe inhibirse de su obligación legal” respecto a la protección de los derechos de los adolescentes que han sido embarcados por sus familias con la esperanza de que consigan un puesto de trabajo y envíen dinero a sus hogares. El director general insistió en que el Estado debe afrontar la distribución por el resto de comunidades españolas de todos los jóvenes que superen el cupo de 250 asignado a las islas (ayer eran más de 400).

El Ejecutivo canario solicitó que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), dependiente del Ministerio de Exteriores, inicie programas de reintegración familiar devolviéndolos a sus países de origen, “con todas las garantías que fije el actual Estado de derecho” y, simultáneamente, programe campañas en Senegal y Malí, en las que “se insista en que esto no es El Dorado y que nadie con menos de 18 años va a enviar ni un solo euro a sus familias”. La descentralización de la atención al menor a las comunidades autónomas, según Arregui, no inhibe al Estado de su responsabilidad, “en especial en una situación de emergencia como la que vivimos en las islas”.

El alto cargo canario citó que el modelo de tutela de menores de las islas se basa en hogares con capacidad para 10 o 12 jóvenes. Este sistema “ha saltado por los aires” con la llegada de más de 400 adolescentes sólo este año, que están confinados “lo más dignamente posible” en albergues de montaña o centros que el Gobierno destinaba a otros fines didácticos. El director del Menor reconoció que, en estos momentos, la integración de estos chicos en el sistema educativo insular “es imposible” y que los recursos destinados a su cuidado “superan ya los 18 millones de euros”.