Canarias tutela en solitario a 5.500 menores migrantes no acompañados y la situación es de emergencia, como en Ceuta y Melilla. Aliviar la presión que sufren estos tres territorios y distribuir a los recién llegados entre todas las autonomías es el objetivo del pacto para una reforma urgente de la Ley de Extranjería al que llegaron ayer el Gobierno central y el canario, y que supondrá la salida del archipiélago de 2.500 menores.

Este recurso de derivación a otras regiones se activaría cuando el cupo de acogida de Canarias llegase al 150 %, es decir, cuando se superasen los 3.000 tutelados. Su presidente, el popular Fernando Clavijo, se reunió este lunes con su antecesor y ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, y de forma telemática con las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, que acordaron una reforma legislativa, aunque disintieron sobre el procedimiento. Mientras Clavijo apuesta por un decreto ley para lograr una aplicación inmediata, Torres es partidario de una proposición de ley «urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses», expuso.

Antes de la aprobación de esta reforma, que supondría modificar el artículo 35 de la citada ley, se debatirá en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque Torres advirtió de que la norma habilitará al Gobierno central a imponer el reparto de los menores y proceder a su traslado si no hubiera acuerdo. Ambas partes confían en el respaldo del Partido Popular.

Lista en el mes de septiembre

«A ver si en el plazo de diez o quince días se puede producir otra sectorial interministerial donde ya tengamos el texto. Y si el acuerdo político es decreto ley, pues decreto ley, y si el acuerdo político es proposición de ley, pues que sea proposición de ley», se conformó Clavijo, que desea que, en el mejor de los casos, en septiembre se pueda contar ya con un acuerdo y comenzar con las derivaciones de menores migrantes a otras regiones.

El texto presentado este lunes por el ministro establece que cuando los recursos de acogida para menores migrantes de una comunidad estén por encima de su capacidad, «se aplicará la ley» para propiciar su derivación a otras regiones del país, en función de su PIB y de su población, como se acordó en el 2022.

Clavijo solicitó que cuando se exceda el cupo, los menores sean asignados automáticamente «en un plazo máximo de 15 días» a otra comunidad, que se encargaría de hacerles las pruebas óseas que determinan su edad, ya que en Canarias 1.800 chicos aguardan por esa prueba y la lista de espera es de seis meses. Una petición que Torres vio razonable, aunque pidió tiempo para estudiar ese plazo máximo para acometer la derivación, una cuestión que discutirán en una nueva reunión bilateral, en diez o quince días.