LA media diaria de llegada de inmigrantes africanos a las Islas Canarias crece conforme avanza el verano, con el pico de 415 en la jornada del viernes y otros 300 sólo en la mañana de ayer sábado. Las cifras, impresionantes en sí mismas y mucho más si se suman a los 16.000 registrados en lo que va de año, no tienen visos de disminuir a tenor de las predicciones sobre el tráfico diario de las aguas que separan África del archipiélago español.

No cabe hablar de nueva oleada de cayucos por cuanto esas embarcaciones de Mauritania, Senegal o Cabo Verde no cesan de llegar, con más o menos intensidad, desde hace seis meses. Se trata de un fenómeno ante el que la opinión pública está pasando de la conmoción al asombro y, a este paso, puede desembocar en una resignación derivada de la impotencia que muestran los poderes públicos, autonómico, nacional y europeo, para taponar la entrada de ilegales en condiciones infrahumanas, la gran mayoría sin identificación.

Si nos atenemos a la alarma que en los últimos días ha lanzado el Gobierno isleño y el partido que lo sustenta, Coalición Canaria, el problema de la inmigración ilegal en las islas empieza a resultar insostenible. Esa consideración, acompañada de datos preocupantes sobre el incremento de menores o la escasez de medios policiales, y por parte de quienes hasta la fecha han contemporizado con la labor del Gobierno central, coincide con las vísperas de la designación del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas canarias y la presencial vacacional del presidente del Gobierno en Lanzarote

La denuncia sobre la pasividad de los socios de la UE, pese a la ayuda casi testimonial prestada por Italia, Portugal y Finlandia, es justa pero llueve sobre mojado. La pelota, pues, está en el tejado de un Gobierno español que, tras el escaso éxito de sus presiones en Bruselas, no debería seguir aparentando que es capaz de solucionar un problema que le desborda, pues se trata nada más y nada menos que de una acción concertada, de alto coste económico, con media docena de países africanos.

Sí está en manos del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero – además de atender a la situación que padece Canarias al menos con la misma excepcionalidad mostrada en Galicia, si es preciso constituyendo una célula de crisis – , modificar rápidamente la imagen de España en cuanto a la inmigración irregular. Resuelta la regularización extraordinaria, nuestro país no puede ser contemplado como el más cómodo para las oleadas de ‘sin papeles’, ya sea por circunstancias geográficas, como en Canarias, o por desidias administrativas como en los pasos pirenaicos. Están por llegar, y serían un paliativo, las promesas gubernamentales de firmeza en aplicación de la ley y gestos disuasorios hacia quienes ven a España como un coladero.