La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha manifestado que la testigo de los presuntos abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que sufrió un aborto, recibió en todo momento la asistencia médica que precisaba y que su estado no impedía su estancia en el CIE.

En un comunicado, la Subdelegación informó de que la citada inmigrante ingresó en el CIE el 14 de julio para hacer efectiva la resolución de expulsión dictada el 14 de marzo, y desde el 25 de julio está incluida como testigo en el proceso por los presuntos abusos sexuales. Añadió que desde que la mujer comunicó al médico del CIE que estaba embarazada, al parecer de dos meses, se le realizaba «un control médico permanente por la facultativa allí destinada».

Además mantiene que «en ningún momento su situación clínica ha impedido su estancia en el CIE, como hizo constar la autoridad judicial», que manifestó que su estado y la necesidad de reposo «no suponían una incompatibilidad con el mantenimiento del internamiento, dado que podía guardar reposo en el CIE y disponía de la adecuada asistencia sanitaria».

Hemorragias

El abogado de la inmigrante, Jaime Rodríguez, aseguró que la joven fue trasladada al hospital con «fuertes hemorragias» tras discutir con una funcionaria «que amenazaba con agredir con la porra a algunas internas».

Rodríguez criticó que «durante una hora», las mujeres estuvieron pidiendo auxilio para que ayudasen a la interna embarazada pero «ningún policía les atendió».