Los planes no han salido como se diseñaron en un principio y la promotora Ábaco, propietaria desde hace 15 años de los terrenos donde se levantan las dos chabolas ubicadas junto al parque de Bomberos, iniciará un proceso de desahucio contra las familias que viven en ellas. La junta de gobierno local dio vía libre a la empresa para que presentara sendas demandas de desahucio en los juzgados, ya que no se ha podido llegar al acuerdo exigido entre las partes, según explicó el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos.

La promotora pretende iniciar de esta forma y cuanto antes la construcción de 84 inmuebles en la citada zona. Estas casas prefabricadas fueron cedidas por la Junta de Andalucía y ubicadas en este emplazamiento por el gobierno de Jesús Gil Marín.

Convenio

Hace más de un año que el Ayuntamiento firmó un convenio con la promotora Ábaco para la construcción de viviendas de renta libre en la calle Cristóbal Ruiz Méndez, en la barriada Huerta Nueva. Sin embargo, los planes de la empresa no han podido llevarse a cabo porque en la parcela persisten estas dos familias de etnia gitana.

En el citado convenio, el Ayuntamiento obligaba a Ábaco a llegar a un entendimiento con los inquilinos para que abandonasen el lugar, pero no a ofrecer indemnizaciones económicas, puesto que no se trata de las familias originarias. «Las casas se han arrendado de unos a otros, lo que no estaba permitido», aseguró hace meses un portavoz de la empresa, que añadió que esperaban que el solar quede libre «para iniciar nuestros planes de inmediato».

De las cinco casas que había en un principio, sólo quedan en pie dos, con cuyos ocupantes el acuerdo parece difícil. Mientras que Ábaco ha llegado a ofrecer unas compensaciones económicas de hasta 24.000 euros, las familias exigen una casa en el Centro.

Más familias

Con dos de las familias Ábaco si cerró un acuerdo económico el pasado verano, pero con una tercera el asunto llegó hasta los tribunales al demoler, sin acuerdo previo, su vivienda, aunque los ocupantes poseían una casa en Algeciras, según informaron desde el Ayuntamiento.

Las viviendas prefabricadas suponen un punto de gran conflictividad social, en el que la Policía se ve obligada a intervenir en muchas ocasiones por el menudeo de drogas, según informaron desde el Ayuntamiento.

Además, en este núcleo marginal se almacena basura y chatarra y entre los ocupantes se encuentran varios menores de edad, según los Servicios Sociales municipales, que desconocen con exactitud el número de personas que viven en las chabolas porque cambian de un día para otro.