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MADRID. La propuesta no de ley presentada en el Congreso por Partido Socialista e IU – ICV para que en las próximas elecciones municipales de 2007 puedan votar todas aquellas personas que residan en España en situación regularizada sigue levantando una considerable polémica, especialmente en Cataluña, donde el debate se complica con la propuesta que realizaron Josep Maria Pelegrí, secretario general de UDC, y Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU, de que sólo puedan votar los inmigrantes que sepan hablar catalán.

Ayer, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, acusó al PSOE de pretender «convertir la inmigración en un gueto electoral» a su favor. También estuvo crítico Ferrnández Díaz fue con la postura de CiU. Para el portavoz popular, su propuesta «estaría excluyendo a muchos inmigrantes que residen en Cataluña y que pueden ser de la Unión Europea» señaló el militante popular. Pese a todo, Fernández Díaz también quiso poner de relieve que los «inmigrantes, además de derechos, también tienen obligaciones» y añadió que, «más allá de la lengua, hay que exigir una actitud de responsabilidad ante nuestras normas de convivencia», porque podría darse la situación de que un inmigrante musulmán hable catalán, pero discrimine a su mujer, añadió el portavoz de los populares.

Captar votos

Fernández Díaz cree que con su propuesta el PSOE demuestra «estar más pendiente de captar el voto de los inmigrantes que de su integración, lo que debería ser una prioridad». Según explicó, «el inmigrante ya puede votar debido a dos herramientas fundamentales que son la reciprocidad, a través de acuerdos entre países, y la obtención de la nacionalidad por residencia legal y continuada en el país». El parlamentario popular también instó al PSOE a que siga las «condiciones de integración previstas» como la residencia que demuestra la «voluntad de arraigo, compromiso y permanencia en el país».

ERC también terció ayer en la polémica sobre el voto de los inmigrantes y sus derechos y obligaciones. La reacción de la formación ante esta ampliación de voto está condicionada a «un debate profundo» sobre los problemas sociales y de integración de aquellos que quieran vivir en la comunidad catalana, según el miembro de su directiva, Josep Huguet. Huguet considera que la política migratoria del Gobierno no está «clara en cuanto a los flujos internos» y ello provoca que Cataluña se quede con «la parte más difícil, la de acogida».

Huguet señaló la necesidad de «dar una vuelta a la política de inmigración» y apuntó varios aspectos en los que ésta debe mejorar desde el punto de vista de su partido. En este sentido, manifestó que «clama al cielo que no haya ningún convenio sobre política migratoria con países saharianos».

Requisito básico

Por su parte, el presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, acusó ayer a ICV de querer convertir la propuesta del voto inmigrante en una «pelea electoral». En su opinión, «se ha querido sacar de contexto» la posición de su formación respecto a la propuesta. Para Trias, las declaraciones de Duran i Lleida, «no tienen nada de xenófobas», ya que, según afirmó, «para integrarse en un objetivo común, una de las cosas básicas es aprender el idioma».

Sin embargo, la organización Sos Racismo Cataluña tachó ayer a CiU de tener un posicionamiento «xenófobo» y de crear «alarma social» al condicionar los derecho a voto de los inmigrantes extracomunitarios «a la imposición de más deberes que el resto de ciudadanos». La entidad solidaria también apuntó que no se puede «condicionar el derecho a voto a los convenios de reciprocidad» entre países, tal y como pretenden algunos partidos políticos. Según la entidad, ello implicaría construir «categorías de ciudadanos extranjeros», entre los que pueden y los que no pueden votar, según el país de residencia.

Por otro lado, en Melilla, el Gobierno autonómico, en manos del Partido Popular, pide al Ejecutivo que en la ciudad esta nueva Ley se realice «con matices» al ser fronteriza con Marruecos. El Gobierno melillense considera que «la Proposición de Ley respaldada por la Cámara Baja debería analizarse con cautela», dado que aún «queda mucho camino por recorrer».

Tanto es así, que ve «muy difícil» que esta medida se pueda aplicar en las próximas elecciones autonómicas y municipales, que tendrán lugar en mayo de 2007.

Las autoridades de la ciudad autónoma también indicaron que esta Ley debería ser «recíproca», de modo que los españoles emigrantes también pudieran tener derecho a sufragio en sus países de residencia.
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