Proteger la tauromaquia como patrimonio cultural y considerar como persona jurídica el Mar Menor y su cuenca. Esto es todo lo que ha dado de sí desde 1982 la denominada Iniciativa Legislativa Popular (ILP), reconocida en la Constitución en su artículo 87.3 y desarrollada después en una ley orgánica de 1984. La figura permite que la ciudadanía, tras el visto bueno de la Mesa del Congreso y la posterior recolecta de 500.000 firmas, pueda tramitar leyes en el Parlamento.

Esta herramienta legislativa está plasmada en el ordenamiento, pero no parece, a tenor de los resultados, que los padres de la Carta Magna tuvieran intención alguna de que se convirtiese en ariete para ejercer la democracia directa frente al poder representativo que pactaron los principales partidos de la Transición y cuyo máximo exponente han sido PSOE y PP. La manija está en las Cortes una vez se conforman y no en la calle, podría resumirse de acuerdo a la visión que han proyectado las dos formaciones mayoritarias.

Según sostiene el catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal, queda de manifiesto que los legisladores de 1978 idearon las ILP «de forma restrictiva y con desconfianza». Aun así, este pasado martes una de estas iniciativas de la ciudadanía consiguió saltar la primera valla de la carrera que le espera en adelante repleta de obstáculos.

Datos de la iniciativa legislativa popular (ILP)

Artículo 87.3 de la Constitución

Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.

Porcentaje del censo que representan 500.000 firmas

1978

13,5%

2024

10,4%

Procedimiento de admisión de la iniciativa popular

Envío a la Mesa del Congreso de una proposición argumentada

El resultado puede ser

Admitido

Inadmitido por no cumplir requisitos

Se abre un proceso de 9 meses para reunir las firmas y presentarlas ante la Junta Electoral Central

Si no se reúnen las firmas, caduca la propuesta

Si se reúnen las firmas el pleno del Congreso debe votar a favor de la toma de consideración que inicia el proceso legislativo

Si se vota a favor se lleva a comisión parlamentaria y se puede modificar la idea original de los proponentes

Desde 1982 se han elevado ante el Congreso 152 ILP:

Aprobadas tras el proceso final: 2

Inadmitidas a trámite: 63

Admitidas, pero caducadas por no alcanzar las firmas: 54

Rechazadas en el trámite parlamentario: 12

Subsumidas en otras leyes: 2

Retiradas: 7

Tramitación en Congreso: 4

A la espera: 4

Tramitación parlamentaria: 2

Otras: 2

Elaboración propia

L. Carvajal

Tras acreditar el apoyo de 700.000 firmas, la ILP que solicita la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso gracias al apoyo determinante de PSOE y PP. Ambos habían anticipado su no a la propuesta, pero cambiaron de opinión a última hora. Los socialistas lo hicieron ante la presión de todos sus socios de la izquierda. Los populares reconocieron que se decantaron por el sí ante la petición expresa de Cáritas la ONG vinculada a la Iglesia y de los «empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra».

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que estos 500.000 inmigrantes vayan a ser legalizados de la noche a la mañana. La ILP debe pasar primero el filtro de la comisión parlamentaria, donde el PSOE ya ha adelantado que la modificará porque mantiene que choca con la normativa de la Unión Europea. Después, lo que quede de la iniciativa popular original deberá ser aprobada en los plenos del Congreso y el Senado.

Un camino tortuoso
La ILP está sujeta a exigentes requisitos. Debe registrarse en el Congreso igual que cualquier proposición de ley de un grupo parlamentario. Además, no puede afectar a leyes orgánicas o internacionales, a las que incumban a asuntos tributarios o a las prerrogativas de gracia e indulto. Antes de comenzar a reunir las firmas, se ha de superar el examen de la Mesa del Congreso. Si no se cumplen las expectativas, el órgano rector de la Cámara baja, que desde 1982 ha estado presidido por PSOE y PP ininterrumpidamente, puede directamente rechazar la ILP y enviarla a la papelera. De prosperar, se da de plazo nueve meses para reunir las firmas. En 1978 ese medio millón de rúbricas suponía un 13,5% del censo. Con el aumento de la población durante las últimas cuatro décadas este porcentaje ha caído hasta el 10,4%, una barrera aún así complicada de superar.

Las estadísticas hablan por sí solas. Desde 1982 se han registrado 152 ILP. Además de las dos aprobadas, otras dos se diluyeron en leyes en vigor, 63 fueron rechazadas de primeras por la Mesa del Congreso y otras 54 salvaron el filtro inicial, pero no lograron reunir las 500.000 rúbricas precisas. Otras doce cayeron durante su tramitación en la Cámara baja y el resto fueron retiradas por sus promotores, se encuentran en periodo de recogida de firmas o están paralizadas en alguna comisión.

Respecto a la regularización de medio millón de inmigrantes, el catedrático Solozábal sostiene que «aunque la democracia directa levante suspicacias entre los partidos políticos, en casos como este se demuestra que es una herramienta útil y positiva». Y concluye: «La ILP podría dar más de sí».