l martes pasado, el Congreso aprobó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por más de 600.000 firmas para regularizar la situación de los inmigrantes en nuestro país. Fue un día emocionante. Nada menos que 600.000 firmas de particulares y con el apoyo de 900 organizaciones, entre ellas Cáritas que lleva años prestando su apoyo a los vulnerables que llegan hasta aquí y que reclama que se reconozcan sus derechos.

Hablamos de miles de personas que se ocupan de cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a los familiares, que no pueden valerse por sí mismos. Gracias a ellos podemos seguir trabajando y aliviar nuestra vida diaria con la tranquilidad de dejar en buenas manos a los que queremos.

Muchos de «ellos» y «ellas» realizan a menudo trabajos desagradecidos por escaso dinero, en condiciones a menudo precarias, sin seguridad en tareas que difícilmente aceptan nuestros paisanos y sin acceso digno a la vivienda, a la educación o a la sanidad.

La inseguridad les convierte además en pasadizos adecuados para aquellos tipos sin escrúpulos que se dedican a la explotación laboral y sexual de sus paisanos.

Esta toma en consideración por el Congreso de los Diputados es un reconocimiento muy importante, pero supone solo un primer paso. Ahora, se inicia el proceso parlamentario habitual, la tramitación, las enmiendas, el debate y, si todo va bien, la aprobación en esa Cámara y después en el Senado. PP y Junts, que andaban bastante remisos, también han votado a favor.

El apoyo de Cáritas ha sido sustancial y también el de la Conferencia Episcopal. Quien se negó por completo a dar su plácet fue, claro, la ultraderecha de VOX, que sigue considerando a los que llegan de fuera casi delincuentes y que recuerda a los modos de los regímenes más extremos y rechazables.

En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acertado al desactivar la Golden Visa. El sistema privilegiado que tenían «otros inmigrantes», los pudientes, para conseguir derechos ciudadanos. Con una inversión de 500.000 euros en vivienda, se les reconocía la residencia y todo lo que lleva anejo.

Un sistema que implantó el PP y que era una buena muestra clara de desigualdad social. Por un lado, las facilidades a los millonarios venezolanos o rusos y por otra, los Alí, Evangelinas, Lucrecias, Kheilas, Joeles y tantos otros que se afanan por enviar dinero allá lejos a sus familias y sueñan con poderlas traer aquí cuando ser inmigrante ya no es delito.