La Policía Nacional ha detenido en Vitoria a cinco personas, una mujer y cuatro hombres, por su presunta participación en delitos de favorecimiento a la inmigración clandestina, contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva y pertenencia a grupo criminal, al «concertar matrimonios de conveniencia para regularizar la situación administrativa de extranjeros en nuestro país», ha informado este viernes el Ministerio del Interior.

Las pesquisas se iniciaron en noviembre, cuando los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Álava tuvieron conocimiento de que una mujer y dos hombres, residentes en la capital alavesa, podrían estar concertando matrimonios de conveniencia entre ciudadanos residentes en España y de la República Dominicana que «deseaban entrar de forma regular en territorio nacional».

Tras profundizar en la investigación, descubrieron que el ‘modus operandi’ de este grupo consistía en localizar, mediante gestiones propias o a través de familiares y amigos residentes en la República Dominicana, a ciudadanos de este país que quisieran residir en España de manera legal. De esta forma, les ofrecía «una vida de mayor calidad, trabajo y la posibilidad de ganar mucho dinero a través de falsas promesas», detalla en una nota la Policía Nacional.

Una vez seleccionada la víctima, un miembro de la organización viajaba al país caribeño y «formalizaba un matrimonio civil con la víctima». Acto seguido, retornaba a España y entregaba la documentación a la mujer investigada, considerada la «principal responsable de la trama» por los investigadores. Ella se encargaba presuntamente de preparar los documentos necesarios para solicitar la «reagrupación familiar». Cuando los «papeles» estaban listos, otro integrante del grupo recogía a la víctima en el aeropuerto y la trasladaba hasta Vitoria.

Una vez en la capital alavesa, eran llevadas al domicilio de la cabecilla, donde comenzaba a ser «consciente del engaño». Allí, les informaban de que la cantidad de dinero que tenían que abonar era superior a la pactada. Las sumas de dinero solicitadas oscilaban entre los 10.000 y los 15.000 euros. Debían pagar, además, un alquiler por la habitación que les facilitaba para residir e incluso tenían que encargarse de las tareas del hogar y llevar a sus hijos al colegio. «Todo ello sin ningún tipo de contraprestación ni contrato», apostilla el Ministerio del Interior. Los investigadores supieron también que la sospechosa «también introdujo a una de las víctimas en el mundo de la prostitución, llegando a obligarla a realizar algún servicio sexual para saldar la deuda».

Las pesquisas siguen abiertas
Por todo ello, en noviembre se realizó una primera fase de la operación que arrojó como resultado la detención de la mujer y de los otros dos investigados. Los agentes también practicaron el registro domiciliario de la cabecilla del entramado. Pudieron intervenir numerosa documentación relacionada con las prácticas de este grupo criminal.

Tras analizar toda esta documentación, en febrero se desarrolló una segunda fase de la operación que propició, nuevamente, la detención de esta mujer y la identificación de cinco víctimas más. Durante este segundo operativo, se identificó también a dos sospechosos más que, sin embargo, no pudieron ser detenidos por haber viajado al extranjero; hecho que finalmente se materializó a su regreso a España en diferentes fechas del pasado mes de marzo.

Las pesquisas siguen abiertas, ya que «no se descarta la identificación de más víctimas, así como nuevas detenciones», concluye el Ministerio.