PABLO ALCALÁ

LAS PALMAS. «Una media de 300 inmigrantes al día en agosto»; «más de 17.000 inmigrantes han alcanzado Canarias en patera en lo que va de 2006; casi el doble de los habitantes de El Hierro, y cifra cercana a la población de La Gomera»; «el archipiélago supera todos los registros anteriores en cifras de inmigración»; «las ONG calculan que unos 8.000 inmigrantes han perdido la vida en su intento por llegar a Canarias, al margen de los 3.000 cadáveres que han sido encontrados»…

Cualquiera de los titulares anteriores sostiene las críticas vertidas días atrás por el Gobierno de Canarias hacia el «evidente fracaso de la política de inmigración del Gobierno», para la que piden urgente rectificación. Pero además está el titular de hoy: 1.140 inmigrantes han alcanzado las costas canarias en los dos últimos días y anoche se habían avistado otros dos cayucos al sur de Gran Canaria. Cerca de 700 lo hacían el viernes, y ayer cuatro cayucos dejaron en Tenerife y El Hierro 441 subsaharianos, entre los que viajaban casi una veintena de menores. Las embarcaciones fueron avistadas la noche del viernes y a última hora de ayer, aunque había dudas sobre un cayuco detectado a primera hora que podría haber cambiado de rumbo. La mayoría de los irregulares presentaba buen estado de salud, aunque tres tuvieron que ser ingresados con cuadros de hipotermia, quemaduras, y uno de los inmigrantes por haber sufrido una luxación en un brazo durante el viaje.

Los centros de retención de las islas, los oficiales y los «provisionales», tratan de lidiar estos días con su enésima masificación desde la primera crisis del año, en marzo. Desde entonces, los esfuerzos del Gobierno y de la Unión Europea «han sido evidentemente insuficientes» como el número dos del PSOE reconocía hace 48 horas. Pese a ello, el Gobierno no ha considerado la petición del presidente canario, Adán Martín, de poner en marcha un gabinete de crisis ante la avalancha, de la que culpa «a la parálisis del Gobierno».

La constante «superación de registros que parecían imposibles de superar», puesta de manifiesto ayer por el presidente regional, no ha forzado, sin embargo, la puesta en marcha de nuevas medidas disuasorias.

Rectificar la política de inmigración

Hasta tal punto ha llegado «la pasividad e irresponsabilidad de este Gobierno», que Coalición Canaria, formación valedora de la ley de regularización masiva de extranjeros, solicitó el viernes al Gobierno que diese marcha atrás en la política de inmigración. Paulino Rivero, que recordó a Zapatero su «promesa electoral de crear un Ministerio de la Inmigración», reprochó al Ejecutivo su política de derivaciones a la Península que, en su opinión refuerza la tesis del Partido Popular del «efecto llanada».

La «ofensiva diplomática» con la que el Gobierno español trató de solventar el problema se ha saldado con la repatriación de apenas un ocho por ciento de los más de 17.000 «sin papeles» que han alcanzado Canarias.

Los pretendidos convenios de repatriación se han quedado en una negociación de cupos puntuales de expulsiones, gravadas con contraprestaciones económicas. Pese a ello, España no ha conseguido blindar su frontera; muy al contrario, el ritmo de llegadas ha aumentado un treinta por ciento desde la puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia y rescate por parte de la Armada.

Evidenciado el fracaso de la «ofensiva diplomática», queda por dilucidar la efectividad del Frontex, misión de la agencia europea de fronteras que devolverá inmediatamente los cayucos detectados frente a las costas de Cabo Verde, Mauritania y Senegal; país que ha dado permiso para que patrullar sus aguas pero no lo ha firmado por escrito (se espera que lo haga esta semana).

Mientras tanto, cerca de 5.000 inmigrantes siguen sumándose a los centros de retención de las Islas, sin que de momento se hayan alcanzado acuerdos para que varíe la tónica de derivaciones a la Península como solución a su desbordamiento.

El baile de cifras sobre la capacidad real de los centros ha servido a la administración para desmentir en diversas ocasiones que se hayan visto superadas sus previsiones. Si a priori los dos habilitados para la acogida de inmigrantes – Las Raíces y La Isleta – contaban con una capacidad de 700 personas cada uno, posteriormente fue ampliada hasta los 1.000, y más tarde hasta los 1.500. Ayer, ante los titulares que volvían a hablar de centros desbordados, la Delegación del Gobierno anunciaba una nueva capacidad total para el centro de Las Raíces, en Tenerife: ahora son 2.000 las plazas habilitadas, lo que hace que los 1.849 inmigrantes que lo ocupan, nieguen el desbordamiento.

Sin solución para menores

Pero si la «solución» a la masificación de estos centros pasa por la «generosidad de otras Comunidades», como recordó el viernes Paulino Rivero para pedir que sea regulada, los menores inmigrantes, dada la ley que establece la responsabilidad de la Comunidad sobre sus menores, permanecen en Canarias. La administración regional otorga 30.000 euros anuales para su acogida en las diferentes islas pero la llegada continua de nuevos menores ha dejado pequeñas las plazas con las que cuenta la Comunidad.
Opciones

Imprimir este artículo

Enviar por email
ETA
Alto el fuego de ETA

- Víctimas

- Atentados

- Lucha antiterrorista

- El proceso de paz
En un callejón sin salida

Editorial

Eta y el síndrome de Diógenes

Por Luis Ignacio Parada

Segundo aviso

Por Carmen Martínez Castro