l apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso a tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la regularización de inmigrantes sin papeles abre la puerta a un debate urgente sobre la situación de miles de personas que viven en nuestro país prácticamente en situación de clandestinidad. Con excepción de Vox, todos los partidos consideran que la iniciativa, avalada por más de 600.000 firmas y cientos de ONG, es una oportunidad para abordar con responsabilidad y rigor los mecanismos que garanticen los procesos seguros de migración. El procedimiento extraordinario para impulsar la acción legislativa emanado desde la calle y las instituciones que viven de cerca las adversidades y dificultades que provoca la situación de miles de irregulares, obliga a que se busquen vías de solución desde el ámbito legislativo. España ya ha llevado a cabo en las últimas décadas hasta seis regularizaciones de sin papeles. Pero el hecho de que la última se aprobase hace casi veinte años, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, justifica la exigencia de revisar la situación actual porque la ocultación del problema únicamente favorece su agravamiento y deterioro.