En los tiempos que corren que el Congreso de Diputados haya decidido, con la única excepción de Vox, iniciar la tramitación parlamentaria de una iniciativa popular que propone regularizar a inmigrantes sin papeles que hay en España es un éxito. El simple hecho de comprometerse a debatir sobre inmigración, cuestión controvertida y sujeta a permanentes diferencias políticas, es un paso adelante en el reconocimiento de las miles de personas que son parte de nuestra sociedad pero carecen de permiso de residencia sin el cual es imposible obtener un contrato de trabajo y acceder con garantías a una vivienda, por poner solo dos ejemplos de derechos que el resto de ciudadanos sí que tienen reconocidos.Más allá de expresar satisfacción por el acuerdo parlamentario hay que ser cautos. Que se tome en consideración la iniciativa, que viene avalada por más de 611.000 firmas y 900 entidades sociales y de ayuda, sindicatos y ayuntamientos, no excluye acumular una gran dosis de prudencia. Los partidos que el martes dieron el sí a la tramitación, en un abanico que va desde el PSOE y Sumar hasta el PP, ya han anunciado que presentarán enmiendas cuando se discuta el texto definitivo. Y en este punto es dónde está la clave el resultado final.

Ser un ‘sin papeles’, o como eufemísticamente se dice ‘una persona en una situación administrativa irregular’, comporta vivir en un estado de riesgo permanente, carente de estabilidad y expuesto a que otras se aprovechen de sus circunstancias para extorsionarles, obteniendo beneficios que no tributan, fomentando la economía sumergida y alimentado perjuicios y falsedades como el de identificar inmigración y delincuencia.

Como es un tema recurrente y globalizado es fácil detenerse en ejemplos externos para dulcificar una posible mala conciencia y olvidarnos de nuestro entorno. Un dato a la hora de adentrarnos en esta materia. Se calcula que los beneficiados de esta iniciativa popular, a la que podrían acogerse según sus promotores las personas llegadas a España antes del 1 de noviembre del 2021, rondaría el medio millón de personas. Una cifra nada desdeñable, pues se trata de personas y familias que subsisten como pueden y que pese a realizar en la mayoría de los casos trabajos que parte de la sociedad desestima al impedirles acceder a un contrato laboral no solamente se les escatiman derechos y garantías de los que gozan el resto de trabajadores si no que dejan de contribuir al erario público y a las arcas de la Seguridad social.

Pese a estos datos muy concluyentes será interesante seguir con atención el debate y analizar los argumentos de los grupos parlamentarios en los intentos por influir en la futura ley. Abordar esta cuestión, que se sustenta en un derecho tan substancial como el de permitir que cada persona construya un futuro con dignidad allí donde quiera y pueda sin atender a razones de origen y raza, y obtener un resultado satisfactorio es parte del modelo social que defendemos como ciudadanos libres. No se puede separar una cuestión de la otra. Sería un contrasentido proclamar a los cuatro vientos nuestra exigencia de mayores cotas de libertad mientras echamos el freno al deseo legítimo de quién aspira a ser uno de los nuestros con los mismos derechos y obligaciones.