El pacto migratorio europeo, aprobado en diciembre del año pasado, podría suponer «un retroceso» en los derechos de las personas migrantes que llegan a la Unión Europea, además de que se agrave «todavía más la desprotección en la que se sitúan los migrantes». Esto se debe a que es un acuerdo «que no estaba pensando en su origen para proteger, sino para poner la casa en orden de la Unión Europea», según explicó el director de política exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, organización que ha elaborado el ‘Informe África 2024: el Pacto Migratorio y de Asilo europeo’.

Palacio aseguró que, al endurecer las condiciones de entrada, «también lo harán las garantías jurídicas que van a tener estos migrantes a la hora de su llegada». Por todo ello, instó a administraciones locales, las ONG y al Gobierno central a que «estén vigilantes», ante estos cambios. La presentación de los resultados del análisis tuvo lugar ayer en la Casa África de Las Palmas de Gran Canaria.

El experto considera que se da «una paradoja» con las medidas pactadas por la UE, ya que, por una parte, se promete que se van a agilizar los procesos para determinar si se le da asilo o no a la persona, pero «al endurecer las condiciones de entrada» se consiguen «repatriaciones inmediatas» que no garantizan «los derechos de asilo de esas personas». Por otro lado, también se pueden dar «demoras en centros de detención o de reclutamiento», lo que, dijo «no estaría dando solución al problema».

En el informe realizado por la Fundación Alternativas se ha hecho un análisis de las consecuencias que tendrá el pacto migratorio europeo, sobre todo, para la inmigración africana. En él se ha estudiado la situación de los países y los perfiles de las personas que deciden emigrar, además de las nuevas rutas migratorias.

Un pacto que «reproduce errores del pasado»
Beatriz Mesa, profesora asociada de la Universidad Internacional de Rabat, que ha formado parte del trabajo realizado, destacó que las personas migrantes están expuestas «a todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos», e hizo hincapié en que, a día de hoy, las «prácticas ancianas de la esclavitud» se podrían ver agravadas con estos pactos «que reproducen errores del pasado».

Bajo su punto de vista, esos «errores del pasado» se repiten debido a que «se le está pidiendo, una vez más, a los países de tránsito que refuercen las leyes para que criminalicen al migrante». Así, se está solicitando «por enésima vez a Mauritania, Argelia, Egipto o Túnez, que sean los que controlen las migraciones», pero, en dichos países, «solo se utilizan medidas de represión» motivadas, como explicó, por las exigencias impuestas desde la Unión Europea. Entre ellas están «las grandes sumas de dinero que se están poniendo sobre la mesa y los grandes pactos y negociaciones que se están poniendo en marcha con grupos armados también de Mali, Libia, para que controlen esas migraciones a cambio de unas sumas de dineros». Sin embargo, el informe apunta a que «si persiste la desigualdad, la debilidad institucional y los regímenes autoritarios», se prevé que «los flujos migratorios irregulares se mantengan y aumenten».

Por todo ello, la experta consideró que Europa ha entendido la situación al llegar a acuerdos, pero no ha querido atajar el problema desde la raíz. El error, comentó, está en que el pacto «no está promoviendo una inmigración circular». Tampoco garantizará la inclusión de los migrantes para cubrir «sectores profesionales determinados». Para la experta, un cambio real pasaría por «transformar los modelos económicos de estos países».