El PP e ICV acusan de racismo y xenofobia a Unió, que reclama a los extranjeros que se integren antes de concederles derechos Divididos o, peor aún, enfrentados. Así se han posicionado los distintos partidos políticos catalanes ante la propuesta lanzada por el PSOE e IU – ICV de permitir el voto a los inmigrantes de cara a las elecciones municipales. Y es que en Cataluña los políticos ya están en precampaña, con unos comicios autonómicos previstos para noviembre y las elecciones municipales en Barcelona para el año que viene.

Las formaciones más enconadas en esta controversia son Unió Democràtica de Catalunya (UDC) e Iniciativa per Catalunya (ICV), aunque el Partido Popular también ha terciado en el debate. Si el secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, abrió la polémica al señalar que «no tiene sentido» que quienes «no hablan nuestra lengua, no conocen nuestra cultura ni nuestra identidad» puedan votar en las elecciones catalanas, el vicepresidente de ICV, Jaume Bosch, no perdió la ocasión de replicar al dirigente democristiano con la acusación de «situarse a la derecha del PP» y de «atentar contra la convivencia en Cataluña».

Josep Piqué, el máximo responsable del Partido Popular en Cataluña, también se manifestó duramente contra las declaraciones de Pelegrí y acusó a UDC de adoptar una postura «racista» en este debate.

Tal ha sido la acritud de las declaraciones que el mismo presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, salió ayer en defensa de las graves críticas formuladas contra su partido.

Duran hizo una defensa a ultranza de su postura y destacó que los gobiernos alemán y holandés han seguido la misma línea de pensamiento que Unió y «están implantando la necesidad de que, antes de reconocer los derechos los inmigrantes, se garantice la integración mediante una carta específica de deberes».

El líder de Unió asegura no sentirse «impresionado» ni por las acusaciones de racismo de Piqué ni por las de xenofobia de Joan Saura, el líder de Iniciativa per Catalunya y consejero de Relaciones Institucionales en la Generalitat, pero lamenta que el debate se haya abierto «sin consenso» a mediados de agosto y «a golpe de proposición de ley partidaria», cuando se había decidido, al parecer, aplazar esta discusión para más adelante y de forma conjunta.

En definitiva, para Unió el problema fundamental de la inmigración es la regularización de los extranjeros. «No se puede hablar sólo de derechos sin tener en cuenta los deberes de respetar una cultura, unos valores, unas costumbres, una lengua y sobre todo, el sistema que ampara nuestra Constitución, que incluye el respeto a los Derechos Humanos y a la igualdad entre hombre y mujer».

El estallido de la controversia en Cataluña puede tener unas consecuencias imprevisibles, teniendo en cuenta que en esta comunidad se calcula que hay unos 600.000 extranjeros regularizados, de los que hasta un 40% obtendrían el derecho a voto. Desde las entidades de inmigrantes catalanas, ayer mismo se insistía en que ningún partido político «va a beneficiarse» de esta medida si entra en vigor para las próximas elecciones, si bien las formaciones progresistas serán, a priori, las receptoras de más votos de inmigrantes.