Cada día se bate un nuevo récord sobre el número de inmigrantes que alcanza nuestras costas. El total de sin papeles que ha desembarcado en España en agosto es ya más de cuatro veces superior al que llegó durante el mismo mes de 2005. Por tanto, no resulta exagerado asegurar que la inmigración ilegal es el mayor problema al que se enfrenta el Gobierno, del que no se puede poner en duda su buena voluntad y encomiables propósitos. Sin embargo, el Ejecutivo ha cometido errores de envergadura, – como el imprudente proceso de legalización – y, sobre todo, parece que sólo da palos de ciego. Impulsa planes y convenios de cooperación con los países emisores, aumenta el control de las fronteras y mantiene intacto el discurso solidario, pero lo cierto es que está desbordado por los acontecimientos y que actúa a golpe de cayuco. Zapatero anunció ayer tres medidas concretas: enviará a Rubalcaba a Senegal – hace unos meses fue Moratinos quien viajó a Mauritania – , a Fernández de la Vega a Finlandia para reclamar ayuda de la UE, que muy poco está colaborando para paliar el problema y, por último, triplicará la ayuda al desarrollo. Es cierto que la raíz del problema se encuentra en la miseria en la que viven estos países, pero también en la idea extendida de que casi todos los que llegan consiguen quedarse.