Un matrimonio que reside en Francia desde 2014 con sus cinco hijos ha sido detenido en Irun por defraudar 140.281 euros a la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de ayudas sociales. La pareja, de nacionalidad argelina, recibía de manera fraudulenta prestaciones económicas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) –dependientes del Gobierno Vasco– y el Ingreso Mínimo Vital –dependiente del Estado– desde 2008, además de otras ayudas sociales del país galo correspondientes a la educación de sus hijos, con las que habrían adquirido cuatro vehículos que no han sido declarados a la Agencia Tributaria, entre otros bienes.

La operación ha sido llevada a cabo por la Comisaría de San Sebastián de la Policía Nacional, la Gendarmería francesa y el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), y a los arrestados se les acusa de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública. De las investigaciones realizadas por el cuerpo armado se desprende que esta pareja llevaba varios años defraudando a los diferentes organismos públicos a través de prestaciones como la RGI, la PCV y el IMV. Desde el año 2008 hasta la actualidad el matrimonio habría recibido 177.912 euros, de los cuales 140.281 euros han sido, presuntamente, defraudados, según informa la Policía Nacional.

La investigación comenzó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento a través de la Oficina del Servicio Vasco de Empleo de Irun de que «una persona de nacionalidad argelina portadora de una tarjeta de residencia de larga duración de la UE estaba recibiendo prestaciones de organismos públicos españoles pudiendo él y su familia estar residiendo en Francia desde hacía varios años». Las pesquisas confirmaron que la familia llevaba viviendo desde 2014 al otro lado de los Pirineos, mientras que la unidad de convivencia se encontraba rubricada en España con el objetivo de recibir las citadas prestaciones sociales.

«Vehículos sin declarar»
Tal y como ha podido acreditar la Policía Nacional, en los últimos años «el padre ha estado trabajando en diferentes empresas de Francia», así como «también ha percibido diferentes ayudas económicas provenientes del Estado francés en concepto de ayudas para la educación de sus hijos». Sin embargo, todos estos ingresos en ningún momento han sido declarados ni comunicados a los organismos públicos del Estado.

En la actualidad los arrestados son titulares de tres vehículos, dos de ellos franceses y uno español, a los que se suma un cuarto vehículo que fue propiedad de los detenidos entre los años 2014 al 2016, bienes que tampoco fueron declarados ante la Agencia Tributaria.