La Subdelegación del Gobierno en Málaga rompió ayer su silencio después de que la crisis desatada por los supuestos abusos sexuales de agentes del Cuerpo Nacional de Policía a ciudadanas extranjeras en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Capuchinos se complicara aún más con la noticia de que una de las internas testigo de los presuntos abusos había sufrido un aborto el pasado jueves.

Por medio de un comunicado, la representación del Ejecutivo central en la provincia aseguró que la mujer, de nacionalidad brasileña, recibió “control médico permanente” durante su estancia en el centro. Además, la noche en que abortó, la funcionaria jefa del turno en el CIE, ante la demanda de la interna de asistencia médica, solicitó “inmediatamente” la presencia de una ambulancia, que llegó “minutos después”.

El abogado de la joven, Jaime Rodríguez, había asegurado que su representada padeció el jueves una “fuerte hemorragia” en el CIE tras una discusión con un policía, y tardó “una hora” en ser atendida por una ambulancia. El pasado viernes, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abrió una investigación sobre estos hechos y Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente para que se suspenda la expulsión de España de esta interna, prevista para el lunes.

Puesta en libertad

La subdelegación afirma que la testigo protegida de las supuestas “fiestas” con sexo entre los policías y las internas por las que nueve agentes han sido imputados, se sintió mal a las 4.57 del jueves. Tras llegar la ambulancia al CIE se le practicó una primera exploración médica y “fue trasladada a las 5.20 al hospital Materno Infantil, donde el facultativo de guardia decretó su ingreso”, asevera el Gobierno.

Después de recibir tratamiento, la joven fue dada de alta el viernes por la mañana y puesta en libertad – “a petición de la policía”, señala el comunicado – por el juzgado número 1 de Ronda (Málaga), que lleva su expediente administrativo. El Ejecutivo asegura que la testigo no será expulsada de España mientras no declare ante el juzgado de Málaga que instruye el caso CIE, “aún teniendo en cuenta que ni la fiscalía ni la juez han solicitado la inejecución de la medida”. Siete testigos protegidas han sido ya expulsadas y otras dos están en libertad.

Varias ONG critican “la falta de humanidad” de que la joven permaneciera en su estado ingresada en el CIE, y piden la dimisión del subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna. La subdelegación aseguró ayer que “su situación médica y la necesidad de reposo no son incompatibles con el internamiento”.