Las Palmas de Gran Canaria
Coalición Canaria (CC) pedirá cambiar la ley de extranjería y crear un nuevo ministerio para afrontar la inmigración frente a la “irresponsable” actitud del Gobierno, que afirma no toma medidas frente al fenómeno o lo hace sólo para crear “expectativas” a los aspirantes a clandestinos.

“A la vista de los datos, el Gobierno está fracasando al abordar este problema”, afirmó el presidente de CC, Paulino Rivero, al término de una reunión urgente de la Comisión Permanente Nacional de su partido convocada en Las Palmas de Gran Canaria, pese a ser agosto “un mes inhábil” para dicho órgano, ante la “auténtica emergencia humanitaria internacional” que dijo se da en las islas.

Una emergencia de cuyas dimensiones recalcó dan fe cifras como la de las arribadas de inmigrantes que se han producido en el mes en curso, “3.500 contando las últimas llegadas de anoche”, o, “más dramáticas aún”, las de “los casi 500 cadáveres que han sido recogidos en las aguas entre Canarias y Africa” este año.

Un recuento este último que apuntó no refleja el volumen real de muertes que se produce entre quienes tratan de ganar el Archipiélago a bordo de pequeñas embarcaciones, en la medida en que “distintas ONG que trabajan en Africa dicen que, en lo que va de año, hay más de 3.000 desaparecidos en el mar” y “los expertos dicen que uno de cada cuatro cayucos que salen desaparece” igualmente.

Esas estimaciones ponen de manifiesto que “el Atlántico, entre Canarias y Africa, se está convirtiendo en un auténtico cementerio, y, ante una situación de este tipo, no se puede mirar para otro lado”.

Algo que están haciendo, según Coalición Canaria, tanto el Gobierno español como la Unión Europea y la comunidad internacional, que – sentenció Rivero – “no han estado hasta ahora a la altura de las circunstancias” frente a las dimensiones del problema.

El dirigente nacionalista quiso precisar, en cualquier caso, que, pese a entender que ésta es una situación que atañe no sólo a Canarias o al país, conforme a la legislación vigente, “hay un responsable, el Gobierno español”, en la medida en que es competente en materia de control de fronteras y extranjería en el territorio del Archipiélago.