Pese al alborozo con la que la bancada socialista del Congreso aprobó el 30 de junio de 2022 la Ley de Igualdad de Trato y No discriminación, la apodada como ‘Ley Zerolo’, lo cierto es que casi dos años después el Gobierno aún no ha creado ninguno de los instrumentos clave que prevé la norma para desplegar la batería de medidas y sanciones para luchar contra la discriminación de todo tipo de minorías.

Aunque la ley sobre el papel despliega toda su eficacia desde hace veinte meses, desde que entró en vigor con la publicación en el BOE, lo cierto es que el Ejecutivo tiene congelada su puesta en marcha. Así se lo reprocharon ayer, día internacional contra el racismo, oenegés como la Fundación Secretariado Gitano, que se sumó a la larga lista de organizaciones que reclaman al Gabinete desde hace más de un año sin éxito que cumpla de una vez la ley que promovió su grupo, una reivindicación en la que destacan siglas como Cermi, Cruz Roja, CEAR, Cesida, las plataformas de mayores o Save the Children.

El Gobierno no ha creado ni la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, el organismo que debe liderar la persecución contra la marginación de los ciudadanos en su día a día –empleo, vivienda, escuela, sanidad, tribunales, mundo digital o acceso a locales–, ni ha iniciado el procedimiento para designar al comisionado especial, el prestigioso profesional que debe dirigir el ente y personificar esta lucha.

Los ministerios de Presidencia, Economía y Hacienda, los directamente invocados por la ley, han incumplido el mandato expreso de enviar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de seis meses un real decreto para constituir, dotar y poner en marcha la autoridad independiente, como tampoco han propuesto todavía al Congreso, que es quien debe examinarlo y aprobarlo, el nombre de su máximo responsable.

El plazo máximo fijado por la disposición adicional primera de la ‘ley Zerolo’ para poner en marcha este organismo expiró a mediados de enero de 2023 y, catorce meses después, el Ejecutivo se limita a decir que cumplirá con la norma «próximamente». En esta ocasión el adelanto electoral del verano pasado no puede ser la excusa, pues la autoridad y el comisionado debieron ser una realidad al menos cuatro meses antes.

El organismo específico debe asegurarse de que ninguna administración se pone de perfil o ignora estas marginaciones
La lucha contra la discriminación y la imposición de duras multas (hasta 150.000 euros, incluidos cierres y pérdidas de subvenciones) a quien veje o margine a otra persona por su lugar de origen, etnia, edad, sexo, ideas, religión, orientación sexual, estado de salud o situación socioeconómica es ahora ya una obligación de la administración competente en cada caso. Sin embargo, el comisionado especial será quien vigile, actúe y empuje para que nadie se ponga de perfil o mire para otro lado ante las violaciones de derechos –como ocurre hoy con demasiada frecuencia– y para que las víctimas cuenten con la orientación, el apoyo y el respaldo precisos para que se atrevan a dar el paso de la denuncia. Es justo lo que lamenta Secretariado Gitano: «Sin este organismo, el trabajo de asistencia a las víctimas de racismo y antigitanismo no se puede aplicar de manera efectiva en la mayoría de los casos».

La autoridad independiente, cuando al fin se constituya, será un organismo autónomo unipersonal presidido por un profesional de reconocido prestigio en la defensa y promoción de la igualdad y en la lucha contra la discriminación, lo suficientemente respetado como para que el mayor activo de la institución sea la ‘auctoritas’ de quien la lidera. Muy similar en perfil a quien ocupa el cargo de Defensor del Pueblo.

Investigación y mediación
Sus principales funciones, además de recibir y tramitar las quejas y reclamaciones de los discriminados, de asesorarlos y protegerlos, serán ejercer la investigación de estas violaciones (tanto de oficio como a demanda), proponer y reclamar a las administraciones la sanción de los comportamientos vejatorios o discursos de odio, la comunicación de los casos que crea conveniente a la Fiscalía y la representación de las víctimas ante los tribunales. Otra de sus tareas será ejercer como órgano de mediación y conciliación para resolver el litigio si ambas partes lo autorizan, emitiendo eso sí un fallo que será de obligado cumplimiento y pondrá fin a la vía administrativa.

Su futuro presidente, el comisionado especial, debe ser propuesto al Congreso por el Gobierno, pero será la Cámara baja, después de que los diputados examinen su idoneidad, quien deba aprobar al candidato. Si lo rechaza, el Ejecutivo tendrá tres meses para proponer otro nombre. Tras la ratificación, el nombramiento lo hará el Consejo de Ministros por real decreto.

La idea es que el elegido desempeñe su puesto con total independencia y autonomía, incluso de quienes le nombraron. La aprobación parlamentaria será por mayoría absoluta (exige un amplio acuerdo) y el mandato de cinco años no es renovable, para evitar presiones de cara a la reelección. Con igual fin, solo podrá ser cesado por motivos muy tasados, que eviten la discrecionalidad del poder. Solo cabe su renuncia o su cese por incompatibilidad, incapacidad permanente, condena firme por delito doloso o incumplimiento grave de sus deberes.