La comisión sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que participan representantes del Ministerio de Juventud e Infancia y de las comunidades autónomas, ha rechazado la propuesta para la derivación de 470 menores migrantes desde el archipiélago hasta otras regiones.

“No ha podido ser aprobada esta propuesta, ya que muchas comunidades autónomas entendieron que se invadían sus competencias”, ha lamentado tras la reunión el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francisco Candil.

Canarias tutela a 5.370 menores extranjeros no acompañados y, de momento, solo ha sido posible realizar el traslado de ocho menores a Aragón.

Candil ha confirmado que la propuesta “no ha recibido el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas”, y ha atribuido el fracaso de la reunión a “los procedimientos administrativos y la burocracia”.

Ha confiado en que la propuesta de modificación legislativa para regular el reparto de los menores migrantes, promovida por Canarias y que se negocia con el Estado, “dé pronto sus frutos y la atención a estos niños y niñas no recaiga casi en exclusiva sobre nuestra comunidad”.

La comisión sectorial, ha informado el viceconsejero en un comunicado, tenía previsto aprobar la distribución de una partida de 30,4 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para financiar los traslados por parte de las entidades sociales.
23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Del total, 25 millones de euros eran para dar cobertura a la derivación de 470 menores extranjeros no acompañados de Canarias a otras comunidades, y algo más de 5,3 millones de euros para el traslado de 100 menores migrantes desde Ceuta hasta otras comunidades.

Candil ha advertido de que los traslados son necesarios, porque el sistema de acogida de menores de la comunidad autónoma está “muy tensionado” y se espera que con el buen tiempo se intensifique la llegada de más embarcaciones.