El director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, anunció ayer en Tenerife que a partir de la próxima semana las patrulleras desplegadas por la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) controlarán, junto a las gendarmerías locales, las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde, los principales puntos de partida o escalas de los cayucos que inundan Canarias. Al dispositivo español, que desde mayo pasado controla, junto a la gendarmería Mauritana, las costas de este país se ha unido la patrullera portuguesa que navegará por el litoral de Cabo Verde y el próximo 21 de agosto llegará a Senegal un buque italiano.

Mesquida explicó que el dispositivo español, compuesto por un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil y otra del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), permitió interceptar desde mayo pasado 23 cayucos y un barco de inmigrantes, con 1.243 personas.

Tres meses más

El alto cargo señaló que el dispositivo hispano – mauritano se mantendrá al menos tres meses más e incrementará sus efectivos con un helicóptero de la Policía Nacional y recordó que el Gobierno ha cedido cuatro patrulleras, tres todoterrenos, un autobús y un equipo de formadores para preparar un servicio de vigilancia mauritano.

El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, se reunió con Mesquida, a quien trasladó su pesimismo, ya que considera que los medios «son escasos y llegan a destiempo». Martín dijo desconfiar de que la misión del Frontex sea posible. «Tienen que negociar más medios y habría que tomar otra serie de medidas en origen y en destino», dijo. El PP, que considera evidente que el Gobierno está «desbordado» y carece de «capacidad de reacción», solicitó ayer la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que acuerde la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, Jesús Caldera. También ayer se reunió el consejo permanente de Coalición Canaria, partido que gobierna en el archipiélago. Su presidente, Paulino Rivero, reclamó al Gobierno «un cambio de rumbo» en la política migratoria que incluya cambios en la ley del Menor – para niños inmigrantes no acompañados – y un ministerio específico.