Durante las pocas horas que el martes estuvo en vigor la ley estatal que permitirá a los policías de Texas detener a cualquier sospechoso de haber entrado al país ilegalmente, salvo en colegios y hospitales, el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, tenía una preocupación: «¿Dónde los vamos a meter?». Su cárcel está llena y los delitos siguen aumentando, pero no los fondos para afrontar la falta de agentes. Mientras algunos policías, resentidos con su incapacidad legal para actuar, se han frotado las manos con los nuevos poderes que otorga la norma SB4, sus superiores sólo ven problemas en el horizonte. «¿Y si deportamos a un ciudadano estadounidense, qué pasará? Mis hombres no están entrenados para tareas migratorias», dijo Schmerber.

Ése es también uno de los argumentos que esgrime el Gobierno de Joe Biden, que ha demandado al Estado de Texas por usurpar las funciones migratorias que 150 años de jurisprudencia otorgan al Gobierno federal. Texas mantiene que no está contradiciendo las leyes nacionales, sólo reflejándolas en una norma local. México, por su parte, ha advertido que no aceptará a ningún deportado del territorio vecino.

El proceso está en manos del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleáns, que decidirá sobre la sentencia emitida en enero por el juez David Ezra, que ve un conflicto con la jurisprudencia del Supremo y la propia Constitución de EE UU.

La ley que firmase el gobernador de Texas Greg Abbot el pasado 18 de diciembre tenía que haber entrado en vigor el día 5, pero la Casa Blanca pidió al Supremo su suspensión por cuestiones administrativas.

AFP
Fallo sorprendente
La mayoría conservadora del Supremo sorprendió el martes al denegar la petición, sin argumentos, aunque en una opinión separada los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, en apoyo de la opinión mayoritaria, explicaron en cinco páginas que su voto se debe a una cuestión técnica y no debe ser interpretado en ningún sentido con respecto a un caso que todavía no se ha presentado frente a ellos.

El país está pendiente de la decisión que tome el tribunal de Nueva Orleáns y hasta entonces los jueces Barrett y Kavanaugh creen que «no sería inteligente invitar un litigio de emergencia sobre si un Tribunal de Apelaciones ha abusado de su discreción en este paso preliminar», escribieron. «El Quinto Circuito de Apelaciones debe ser el primero en mover ficha».

Disputa
Biden denuncia que el Estado ha usurpado funciones migratorias de su Administración
La ley, por tanto, entró formalmente en vigor, pero horas después el Tribunal de Apelaciones emitió el aplazamiento solicitado hasta que sopese su sentencia. A la vez, el Supremo federal parece tener tanto interés en pronunciarse sobre esta ley, muy similar a la que ya desmontó en Arizona en 2012, que ha agendado una audiencia del caso para el 2 de abril.

Texas argumenta que está sufriendo «una invasión» y tiene la necesidad de defenderse. En ese contexto propone que todos sus agentes del Estado se conviertan en oficiales migratorios de facto para hacer cumplir las leyes, arrestar a los presuntos violadores de la misma y deportarlos expeditamente en no más de siete días desde el momento en que la funcionaria del condado emita la orden. Todo ello, «sin importar las determinaciones federales pendientes sobre su estatus migratorio». Eso significa ignorar cualquier solicitud de asilo o citas migratorias que el detenido pueda tener pendiente.