Estación de França, Barcelona, 9.02 horas. El tren procedente de Milán entra por la vía 3. A bordo, varios cientos de pasajeros. Muchos turistas, unos cuantos trabajadores, y – quizá – un puñado de inmigrantes ilegales. O no. No se sabe, porque la policía no controla la nacionalidad de los viajeros: nadie los espera en la estación y todos salen sin toparse con ninguna zona de control, como ocurre en cualquier aeropuerto internacional.


Casualmente, el edificio contiguo a la imponente estación barcelonesa es la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. A su puerta se agolpan varias decenas de extranjeros, documentos personales en ristre, con la intención de regularizar su situación. El supuesto inmigrante ilegal que baja del tren procedente de Milán puede caminar unos metros y unirse a la cola para solicitar los permisos correspondientes. O puede, simplemente, cruzar la calle y adentrarse en la ciudad vieja. Ya está en España. Mucho más fácil que cruzar el Estrecho en patera.


Repúblicas de la URSS


Muchos denuncian que en el norte se ha bajado la guardia y que los Pirineos se han convertido en una puerta fácilmente franqueable para personas que acceden irregularmente a España. Los países del Este y las repúblicas anteriormente integradas en la URSS son los principales lugares de origen de quienes siguen este camino.


Pero con trenes como el que cubre el trayecto Milán – Barcelona ya no les hace falta saltarse nada. Sólo tienen que pagar un billete en la capital del norte italiano y bajarse a la llegada. Nada más.


Según la información oficial de Renfe, cuyo tren hotel Salvador Dalí es el que cubre actualmente esta línea, los pasaportes de los ciudadanos no comunitarios son controlados en el origen y la llegada del trayecto. Pero basta con observar la llegada del tren a Barcelona para comprobar que no hay controles policiales. En cuanto al origen, la policía española solía enviar agentes a Italia para comprobar la nacionalidad de los pasajeros antes de que el tren partiese de territorio transalpino. Sin embargo, esa medida dejó de adoptarse de modo estricto hace un año. Y, más todavía: desde hace poco más de un mes, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ni siquiera hay un control en Portbou (Gerona), el punto por el que esta línea ferroviaria atraviesa la frontera española, si bien se espera que este servicio de inspección se reponga al final del verano. Por el contrario, asegura el SUP (el mayor sindicato policial español, con 30.000 afiliados), los agentes franceses sí continúan vigilando que ningún inmigrante sin documentos en regla permanezca en su territorio.


En medios policiales, la línea Milán – Barcelona ha llegado a ser bautizada de modo elocuente como «el tren patera». «Cuando se hacían los controles se solían sacar de cada tren diez o doce personas sin documentos en regla», recuerda Jesús Prada, responsable del SUP en Gerona. «En este tren viene gente de todas las nacionalidades; entre los ilegales hay sobre todo ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas y, cada vez más, de Pakistán y la India», añade.


En cuanto a los gendarmes franceses, se limitan de forma exclusiva a lo concerniente a su territorio, algo que critican el SUP y la Confederación Española de Policía (CEP). Se quejan de que en Francia no hay control sobre el flujo migratorio que llega al Pirineo por vías como este tren.