Habían pasado escasas semanas del estallido de la invasión rusa cuando el Gobierno español abrió el primer punto de referencia para atender la llegada de refugiados ucranianos. Lo novedoso era que, además de dar acogida de urgencia, el espacio poseía también un espacio policial convertido en centro de operaciones para tramitar la documentación de quienes huían de la invasión rusa. El sistema, aplaudido por los especialistas en migraciones por su agilidad y coordinación, contrastaba con los constantes retrasos en la tramitación de las solicitudes de protección internacional procedentes de otros países. 

Pasado el pico del éxodo de la guerra en Ucrania, las peticiones de protección temporal cayeron y la actividad de los centros exclusivos para ucranianos – se abrieron también otros en Alicante, Málaga y Barcelona – descendió notablemente, lo que empujó a reducir los horarios de atención del personal policial. Desde entonces, varias ONG pedían al Gobierno el uso de estos espacio para tramitar también otras peticiones de asilo ante el colapso del sistema.