Madrid, 6 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que la pastilla PrEP (profilaxis de preexposición) es un “hito” en la prevención del VIH y ha planteado mejorar la accesibilidad de migrantes en situación irregular, personas trans y colectivos vulnerables, que requieran seguimiento exhaustivo.

En la inauguración de las jornadas “Cinco años de PrEP: éxito de la implementación en España”, en el Instituto de Salud Carlos III, la ministra ha informado de que, a día de hoy, en España hay 23.670 personas que están en programas de PrEP, disponibles en todas las comunidades autónomas, y en el último año el número de personas ha aumentado en 10.000, lo que indica el “éxito efectivo de su implementación”.

La PrEP, una pastilla que reduce las posibilidades de contraer la infección por VIH bien a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables, forma parte del concepto de prevención combinada que propone ONUSIDA y está dentro del plan estratégico para la prevención y control de la infección por VIH y las ITS de España 2021-2030.

“Sin duda la PrEP representa un hito en la prevención del VIH” ha insistido la ministra, que ha puesto en valor su capacidad para “reducir significativamente una pandemia”, en definitiva, “una solución de éxito, cinco años después”.

A juicio de la ministra, este “éxito colectivo” es el resultado de que la política, la investigación y la ciencia han ido de la mano.

No obstante, ha reconocido, que “queda mucho por hacer” y uno de los temas pendientes es mejorar la accesibilidad de “todos aquellos a los que no está llegando, y que son los más vulnerables”.Para García, no se trata solo de la administración de una pastilla: “Es un enfoque más amplio de salud pública que incluye la prevención de otras infecciones de transmisión sexual, la vacunación, la detección temprana y el tratamiento de estas infecciones”.

Y ha explicado que estos desafíos se abordarán este miércoles en diferentes ponencias y mesas redondas por parte de expertos de todas las comunidades y asociaciones de usuarios, y que concluirá con una evaluación de estas políticas de prevención cinco años después.