La última testigo de los supuestos abusos sexuales de policías a inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga quedó ayer en libertad. La mujer, que estaba embarazada de tres meses y medio, sufrió un aborto el jueves y ayer se suspendió su declaración en el juzgado de instrucción. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abrió una investigación sobre estos hechos y pidió a la Dirección General de Policía el envío “urgente” de información. La comparecencia de la interna ya se había pospuesto el pasado 8 de agosto por complicaciones en su embarazo. Según su abogado, Jaime Rodríguez, el jueves sufrió “una fuerte hemorragia” en el CIE tras una discusión con un policía y tuvo que esperar a la ambulancia durante una hora.

Varias organizaciones no gubernamentales denuncian que legalmente la mujer no debería haber permanecido en el centro en su estado. El artículo 576 de la Ley de Extranjería establece que no podrán ser expulsadas del país las embarazadas “cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación”. El Reglamento de Extranjería señala que “deberá solicitarse” la libertad para un interno cuando haya “constancia de que la práctica de la expulsión no podrá llevarse a cabo”.

Las ONG Andalucía Acoge, Médicos del Mundo y Derechos Humanos han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, cuya conducta “carece de la más mínima humanidad”. López Luna declinó ayer hacer declaraciones.

La interna, de origen brasileño, fue detenida en Ronda el 14 de julio. Amnistía Internacional inició ayer una campaña para que se suspenda su expulsión, prevista para el próximo 21 de agosto. En su declaración policial sobre los supuestos abusos sexuales en el CIE, la testigo indicaba que escuchó los “gemidos” de un agente y una chica y supuso “que estaban manteniendo relaciones sexuales”. Otro día sorprendió a otro imputado “tocando los pechos” a una interna. El juzgado de Instrucción ha imputado a nueve policías por este caso.

Las dos internas que iniciaron las denuncias están en libertad. Hasta el momento, han sido expulsadas otras siete testigos protegidos. Un portavoz de la Fiscalía explicó ayer que, en caso de que las testigos no puedan declarar si se les cita en el juicio, el proceso no quedaría invalidado porque ya se les ha practicado la llamada “prueba anticipada”, en la que han podido responder a las preguntas de la defensa de los policías imputados. “Los testimonios están perfectamente recogidos”, concluye el portavoz.