El pasado 21 de febrero el Congreso de los Diputados vivió una sesión inusual: aprobó por unanimidad una moción que instaba al Gobierno a que permita a los inmigrantes extracomunitarios ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales. Cuando esta semana, PSOE e IU – ICV registraron una proposición de ley en la Cámara baja en este sentido empezaron las discrepancias entre partidos, sobre todo, entre las formaciones catalanas. De golpe, el asunto de la inmigración se ha convertido en disputa política, en plena precampaña de las autonómicas, y algunos partidos, como Convergència i Unió, han desempolvado discursos sobre la “desnaturalización” de Cataluña.

Lo que en febrero era un clamor de todos los grupos, seis meses después se ha convertido en arma arrojadiza de la batalla política con el trasfondo de los comicios autonómicos del 1 de noviembre. La inmigración, un asunto que reparece como el Guadiana en campañas electorales, ahora ha aflorado nuevamente a propósito del reconocimiento del derecho al voto en las municipales de los inmigrantes extracomunitarios. Y como en otras ocasiones, Convergència i Unió y, en menor medida Esquerra Republicana, ha alertado sobre el peligro que para la identidad catalana representa, a su juicio, la llegada masiva de inmigrantes a Cataluña. Ayer lo hicieron el secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, y el presidente de Esquerra, Josep Lluís Carod, en la Universitat Catalana d’Estiu, en la localidad francesa de Prada de Conflent.

“No tiene sentido que personas que no conocen nuestra lengua, ni nuestra cultura, ni nuestra identidad, puedan ejercer el derecho a voto si ni tan sólo ellas mismas se sienten integradas”, manifestó Pelegrí, informa Jaume Bauzà. El dirigente democristiano calificó, como la víspera lo hiciera su jefe de filas, Josep Antoni Duran Lleida, de “oportunista”, “frívola” y de “falso progresismo” la iniciativa de socialistas e Izquierda Verde. Duran, además, aseguró que antes de permitir el derecho al voto “es necesario cumplir una serie de etapas que culminen en su plena integración”. Y enumeró, por ejemplo, el conocimiento de la lengua y cultura de la “tierra de acogida” o “asumir los valores de la Constitución”. Requisitos que no se les exigen a los inmigrantes comunitarios que sí pueden votar en las municipales. “Como punto de salida no estoy de acuerdo en permitir el voto”, remachó Duran.

También el diputado Josep Rull, el pasado jueves en Catalunya Ràdio, apuntó que, pese a estar a favor de la medida, “debe hacerse de tal manera que nos permita mantener determinados principios que son fundamentales para nuestra sociedad y determinados elementos identitarios”. Rull abogó por endurecer las condiciones de obtención de la nacionalidad española.

Convergència i Unió ha repetido en los últimos meses la conveniencia de aprobar una carta de derechos y deberes para los inmigrantes extracomunitarios que residan en Cataluña. Aunque CiU se resiste a concretar los puntos de dicha carta, en el programa electoral para las próximas autonómicas la federación nacionalista dedicará un capítulo a este asunto bajo el título de Vía Catalana de Integración. Ya en la campaña del referéndum sobre el Estatuto catalán, Artur Mas propuso que los inmigrantes firmaran un “contrato con Cataluña”, del cual evitó dar detalles, para que los “inmigrantes entiendan que para arraigarse en Cataluña hay una serie de deberes que cumplir”. El líder convergente propuso por ejemplo que los inmigrantes pasen algún examen, como por ejemplo de lengua o cultura catalana. “La gente que venga a trabajar a Cataluña ha de entender adónde viene y qué somos”, señaló. Sin embargo, en el programa electoral para las autonómicas, todavía en fase de borrador, sólo se hace referencia a políticas de fomento, promoción y aprendizaje de la cultura y lengua catalanas entre los inmigrantes para facilitar su proceso de integración.

Ni el PSOE ni Izquierda Verde han propuesto medidas similares para que los inmigrantes de terceros países puedan ejercer su derecho al voto en las municipales. La única condición será el derecho de reciprocidad, es decir, que si los argentinos pueden votar también lo hagan los españoles que residen en Argentina. Para ello es imprescindible la firma de convenios bilaterales entre España y los países respectivos.

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod, fue más explícito ayer a la hora de analizar la proposición de ley. Carod se mostró favorable a la iniciativa, pero con algunos matices: “Ese derecho debe ir acompañado por el ejercicio de algunos deberes con el país”, indicó. Para el dirigente independentista, la lista de esos “deberes” incluye el respeto a los valores democráticos, al sistema económico, a la pluralidad religiosa, a la igualdad de género y “la voluntad de contribuir a asegurar y perpetuar la lengua del país”.

En el Partido Popular catalán, la iniciativa ha provocado reacciones contrapuestas. Mientras que su portavoz, Francesc Vendrell, señaló que “no es justo que personas que pagan impuestos y viven aquí no puedan expresar su voluntad en algunos comicios”, el presidente del grupo municipal en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, supeditó, de forma indirecta, el derecho a votar a la obtención de la nacionalidad española.

Los socialistas catalanes e Iniciativa per Catalunya han salido en defensa de la propuesta. El ecosocialista Jaume Bosch acusó a Duran de “atentar contra la convicencia en Cataluña”, y el socialista Jordi Pedret recordó a CiU su voto favorable a la moción aprobada en el Congreso en febrero.