En un lapso de menos de 12 horas, la costa almeriense ha sido testigo de una avalancha de embarcaciones que han desembarcado personas migrantes procedentes de Marruecos en las inmediaciones del Parque Natural del Cabo de Gata. Más de 20 narcolanchas han arribado hasta el momento.

El incremento en la actividad de tráfico de personas pone de relieve la creciente presión migratoria sobre las costas andaluzas y la utilización de métodos cada vez más arriesgados por parte de las redes de traficantes de personas entre África y Europa.

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Las personas migrantes que llegan desde la región del Rif, en Marruecos, sufren condiciones marcadas por la falta de oportunidades económicas, la represión y el olvido institucional, lo que empuja a muchas de ellas a tomar decisiones desesperadas. La utilización de narcolanchas para el cruce del Mediterráneo subraya la peligrosidad y desesperación de su viaje en busca de mejores perspectivas. Se ven obligados a confiar su destino a traficantes sin escrúpulos que aprovechan la vulnerabilidad de quienes buscan una vida mejor.

Según ha podido saber EL MUNDO, en Almería, la situación se complica debido a que las lanchas asignadas al Servicio Marítimo de la Guardia Civil no están en condiciones operativas, lo que representa un obstáculo significativo para las operaciones de vigilancia y respuesta ante actividades de narcotráfico y tráfico de personas. Esta carencia de respuesta de la Guardia Civil limita la capacidad de las fuerzas de seguridad para realizar intervenciones efectivas y salvaguardar las costas de la región ante los narcotraficantes y las redes de tráfico de personas.

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También afecta la falta de personal por los horarios acortados a 12 horas que no permiten llegar a toda la demarcación. Esta situación viene repitiéndose durante todo el año según denunciaron a EL MUNDO representantes de asociaciones de la Guardia Civil el pasado verano.

Las asociaciones profesionales y sindicatos policiales están alertando sobre la aparente falta de interés político en abordar eficazmente el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas en el sur de España. Este señalamiento surge en un momento crítico, apenas un mes después de los asesinatos de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, un suceso que ha evidenciado la peligrosidad de estas actividades criminales en las áreas costeras de Andalucía.
En un lapso de menos de 12 horas, la costa almeriense ha sido testigo de una avalancha de embarcaciones que han desembarcado personas migrantes procedentes de Marruecos en las inmediaciones del Parque Natural del Cabo de Gata. Más de 20 narcolanchas han arribado hasta el momento.

El incremento en la actividad de tráfico de personas pone de relieve la creciente presión migratoria sobre las costas andaluzas y la utilización de métodos cada vez más arriesgados por parte de las redes de traficantes de personas entre África y Europa.

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Las personas migrantes que llegan desde la región del Rif, en Marruecos, sufren condiciones marcadas por la falta de oportunidades económicas, la represión y el olvido institucional, lo que empuja a muchas de ellas a tomar decisiones desesperadas. La utilización de narcolanchas para el cruce del Mediterráneo subraya la peligrosidad y desesperación de su viaje en busca de mejores perspectivas. Se ven obligados a confiar su destino a traficantes sin escrúpulos que aprovechan la vulnerabilidad de quienes buscan una vida mejor.

Según ha podido saber EL MUNDO, en Almería, la situación se complica debido a que las lanchas asignadas al Servicio Marítimo de la Guardia Civil no están en condiciones operativas, lo que representa un obstáculo significativo para las operaciones de vigilancia y respuesta ante actividades de narcotráfico y tráfico de personas. Esta carencia de respuesta de la Guardia Civil limita la capacidad de las fuerzas de seguridad para realizar intervenciones efectivas y salvaguardar las costas de la región ante los narcotraficantes y las redes de tráfico de personas.

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También afecta la falta de personal por los horarios acortados a 12 horas que no permiten llegar a toda la demarcación. Esta situación viene repitiéndose durante todo el año según denunciaron a EL MUNDO representantes de asociaciones de la Guardia Civil el pasado verano.

Las asociaciones profesionales y sindicatos policiales están alertando sobre la aparente falta de interés político en abordar eficazmente el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas en el sur de España. Este señalamiento surge en un momento crítico, apenas un mes después de los asesinatos de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, un suceso que ha evidenciado la peligrosidad de estas actividades criminales en las áreas costeras de Andalucía.