Santa Cruz de Tenerife
El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, exigió que el Ejecutivo central constituya un gabinete de crisis sobre la inmigración que llega a las islas por mar, ya que la situación “es crítica”, al tiempo que demandó un reparto de los menores extranjeros con otras comunidades autónomas.

Martín y la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, ofrecieron una rueda de prensa tras la reunión semanal del presidente con altos cargos del gobierno para tratar la evolución de la llegada de inmigrantes en cayucos.

Advirtieron de que la llegada de más de 16.000 inmigrantes a las islas desde el principio de este año hace que este sea un problema “de todo el Estado español” y también de Europa. “Si llegaran a las costas de la Península habrían sentido el problema más cercano”, subrayó Martín.

El presidente canario incidió en particular en la situación de los menores extranjeros y en la necesidad de repartirlos de manera proporcional entre todas las regiones, ya que los recursos autonómicos “están desbordados”, al acoger actualmente Canarias a 649, con un coste anual mínimo de 18 millones de euros.

Adán Martín exigió al Gobierno que constituya de forma permanente un gabinete de crisis con los responsables de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Empleo y Asuntos Sociales para responder a “una situación cambiante”, puesto que el trayecto de Senegal a Canarias es ya “un río de cayucos”.

Las cifras de inmigrantes podrían aumentar en las próximas semanas por las condiciones meteorológicas y por tanto es urgente más contundencia diplomática, el control de las fronteras de salida y que las repatriaciones sean efectivas, exigió Adán Martín.

También planteó la necesidad de que España realice propuestas para “hacer regular la inmigración irregular” y acuerde con los países africanos cupos de inmigrantes regulares a cambio de que se termine la salida de inmigrantes irregulares.

Todas esas medidas exigen “una negociación continua con la Unión Europea”, cuya respuesta al problema hasta ahora – el despliegue de la Agencia de Fronteras Exteriores (Frontex) – es “escasa y a destiempo”.

Adán Martín incidió especialmente en la situación de los menores inmigrantes, que por ley son tutelados por la Comunidad Autónoma, pero detalló que son más los menores tutelados extranjeros, 649, que los de las propias islas.

El coste es de 30.000 euros al año por menor, de manera que sólo con los que hay ahora el gasto directo sería de 18 millones de euros para las arcas autonómicas, cuando éste es un problema del Estado.

A eso se añade el gasto en hospitalizaciones y atenciones en centros de salud que producen los inmigrantes llegados por mar, afirmó el presidente autonómico.

Canarias empezó el año con unos 200 menores inmigrantes, ahora son 649 y sólo en los días transcurridos de agosto han llegado 85, mientras que cada día arriban unos cinco más de media, según las cifras facilitadas por la consejera del Asuntos Sociales, Marisa Zamora, quien calculó que a finales de año podrían llegar a 900.

Zamora subrayó que es preciso un cambio en la Ley del Menor, puesto que la figura de los menores en desamparo está pensada para niños maltratados o huérfanos, no para menores extranjeros que vienen con mentalidad de adultos con el objetivo de trabajar.

El gobierno canario exigirá en septiembre el reparto de estos menores entre todas las comunidades autónomas de forma proporcional, puesto que no es un problema de las islas, sino del Estado, que es quien tiene las competencias de inmigración y política exterior.