Luz verde para el traspaso a Euskadi de Inmigración. Los gobiernos central y vasco alcanzaron este miércoles a media tarde un acuerdo en el seno de la ponencia técnica para que el País Vasco asuma la segunda fase de acogida de refugiados y asilados, lo que se denomina como la fase de autonomía del sistema de acogida de protección internacional. Una competencia clave para el Ejecutivo autonómico que supone, además, cerrar una importante carpeta estatutaria tras el acuerdo logrado la semana pasada en otras dos materias que estaban pendientes: el servicio ferroviario de Cercanías y la homologación de títulos universitarios extranjeros. Lo que da por finalizado uno de los compromisos que el PNV arrancó al PSOE para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de sus cinco votos clave en el Congreso: transferir en el plazo de tres meses es decir, como tarde este mes de febrero, el paquete de estas tres materias pendientes. Ahora solo falta ratificar los acuerdos en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, que se reunirá «en próximas fechas».

Los equipos técnicos de ambas administraciones llevaban días intercambiándose documentación para tratar de llegar a un equilibrado punto de encuentro. Un apretón de manos, aunque sea telemático, que finalmente se ha dilatado algo más de lo esperado. ¿El problema que impedía el entendimiento? La cuantificación económica. Finalmente, la valoración económica se ha llevado a cabo utilizando la metodología del Concierto Económico vasco, de tal forma que el coste anual a nivel estatal asociado al traspaso asciende a 2,4 millones de euros. En realidad, Euskadi ya realiza, a través de títulos competenciales sectoriales que inciden en la inmigración, políticas de integración que afectan y recaen en las personas migrantes desde varias esferas: laboral, cultural, asistencial, sanitaria, educacional, lingüística… Ahora, lo que se reclamaba y se ha conseguido es que el Gobierno Vasco asuma la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas o asiladas para que, por ejemplo, sea el Ejecutivo de Vitoria quien les posibilite el acceso al sistema educativo, a la vivienda o al mercado laboral. Un acompañamiento sociolaboral que tendrá una duración máxima de seis meses.

No se asume el proceso de asilo
En definitiva, se trata de ayudar a estas personas a realizar un completo itinerario de inclusión e inserción en la sociedad vasca; un sistema de acogida e integración de beneficiarios de protección internacional que, hasta ahora, estaba gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Esta transferencia supondrá una intensificación de los programas en asistencia social y un impulso a la integración», se felicitaban desde el departamento de Olatz Garamendi. El traspaso, eso sí, no tiene nada que ver con los procedimientos de asilo que seguirán siendo gestionados por el Gobierno central, ni tampoco se asumirá la gestión de los centros de acogida de refugiados. «Este traspaso pone en valor otras políticas públicas que actúan sobre los procesos de integración de estas personas», se congratuló la consejera Garamendi. Por su parte, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, también se felicitó por los acuerdos: «Febrero ha sido clave para cerrar las tres materias comprometidas. La firma se estampará en breve y quedarán así certificados tres traspasos al Gobierno Vasco que el Ministerio de Política Territorial ha trabajado con rigor y seguridad jurídica».

Esteban pone en alerta la «recentralización» del Estado
No es una advertencia novedosa, pero ante el peligro de que se puedan difuminar las competencias que atañen exclusivamente a las comunidades autónomas, el PNV lanzó este miércoles un aviso a navegantes con una interpelación directa a Pedro Sánchez: «¿Por qué se empeña en recentralizar el Estado ampliando las competencias de las conferencias sectoriales unilateralmente a través de normas reglamentarias a pesar de las continuas advertencias de los partidos que le apoyan?». Esta fue la pregunta que lanzó este miércoles en el Congreso de los Diputados el dirigente jeltzale Aitor Esteban, que en una escueta intervención tiró de las orejas al presidente del Gobierno por el decreto sobre las conferencias sectoriales que prepara el ministerio que capitanea José Luis Escrivá. Una iniciativa que, en resumen, busca reformar y reforzar el papel que desempeñan estos foros en los que se tratarán, cuando sea preciso, diversos asuntos de una manera más directa entre los ministros y consejeros autonómicos del ramo. Como resultó, por ejemplo, durante la pandemia. Un escenario que Esteban este miércoles criticó ante la posibilidad de que suponga «la transformación del Estado autonómico por la puerta de atrás» y, por tanto, «una grave recentralización». Por lo que insistió en que «no cuente» con la formación jeltzale al respecto.En su réplica, Sánchez garantizó al PNV que la reforma de las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas «no va en detrimento» de la bilateralidad ni del respeto al autogobierno vasco.