Canarias vuelve a dar la voz de alarma por segunda vez en los últimos meses ante la presión de la inmigración ilegal, que ha desbordado la capacidad de las islas para acoger a los más de 16.000 ‘sin papeles’ llegados en lo que va de año, casi 400 de ellos menores de edad. El presidente del Ejecutivo insular, Adán Martín, calificó de «crítica» la situación padecida y reclamó la ayuda estatal y europea prometidas para afrontar las últimas oleadas de cayucos. En principio, pidió al Ejecutivo central la creación de un gabinete de crisis para atajar la situación, petición a la que sumó la exigencia de un reparto de los menores extranjeros con otras comunidades autónomas.

Martín y la consejera canaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, ofrecieron una rueda de prensa tras la reunión semanal del presidente con altos cargos del Gobierno para tratar la evolución de la llegada de inmigrantes en cayucos. Tras ella, advirtieron de que la llegada de más de 16.000 inmigrantes a las islas desde el principio de este año hace que este sea un problema «de todo el Estado español» y también de Europa. «Si llegaran a las costas de la Península habrían sentido el problema más cercano», sentenció Martín.

El presidente canario incidió en particular en la situación de los menores extranjeros y en la necesidad de repartirlos de manera proporcional entre todas las regiones, ya que los recursos autonómicos «están desbordados», al acoger actualmente Canarias a 649, con un coste anual mínimo de 18 millones de euros.

Martín exigió al Gobierno que constituya de forma permanente un gabinete de crisis con los responsables de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Empleo y Asuntos Sociales para responder a «una situación cambiante», puesto que el trayecto de Senegal a Canarias es ya «un río de cayucos».

Las cifras de inmigrantes podrían aumentar en las próximas semanas por las condiciones meteorológicas y por tanto es urgente más contundencia diplomática, el control de las fronteras de salida y que las repatriaciones sean efectivas, exigió Adán Martín.

También planteó la necesidad de que España realice propuestas para «hacer regular la inmigración irregular» y acuerde con los países africanos cupos de inmigrantes regulares a cambio de que se termine la salida de inmigrantes irregulares. Todas esas medidas exigen «una negociación continua con la Unión Europea», cuya respuesta al problema hasta ahora – el despliegue de la Agencia de Fronteras Exteriores (Frontex) – es «escasa y a destiempo».

En este sentido, el portavoz comunitario de Justicia e Interior, Friso Roskam, explicó que la UE está haciendo «lo que puede con los medios que tiene a su disposición», pero incidió en que «no podemos cambiar la situación de la noche a la mañana».

Menores

Adán Martín incidió especialmente en la situación de los menores inmigrantes, que por ley son tutelados por la Comunidad Autónoma, pero detalló que son más los menores tutelados extranjeros, 649, que los de las propias islas. El coste es de 30.000 euros al año por menor, de manera que sólo con los que hay ahora el gasto directo sería de 18 millones de euros para las arcas autonómicas, cuando éste es un problema del Estado.

Canarias empezó el año con unos 200 menores inmigrantes, ahora son 649 y sólo en los días transcurridos de agosto han llegado 85, mientras que cada día arriban unos cinco más de media, según las cifras facilitadas por la consejera del Asuntos Sociales, Marisa Zamora, quien calculó que a finales de año podrían llegar a 900.

El Gobierno insular exigirá en septiembre el reparto de estos menores entre todas las comunidades autónomas de forma proporcional, puesto que no es un problema de las islas, sino del Estado, que es quien tiene las competencias de inmigración y política exterior. Los recursos canarios están «colmatados», los tres centros provisionales de acogida están abarrotados y la integración es imposible cuando hay más menores tutelados extranjeros que canarios, subrayó la consejera.

Apuntó que no soluciona el problema que una Comunidad Autónoma diga que «acoge a cuatro y otra a doce», sino que es necesaria una verdadera acción de solidaridad para que se produzca un reparto proporcional.