LA única reforma de la Constitución que ha prosperado desde la promulgación de la Carta Magna en 1978 se hizo para conceder el derecho de voto a los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones locales españoles, y el asunto no provocó controversia alguna porque vino impuesto por Bruselas. Pero aquella renovación resulta ahora de utilidad para recordar que la voluntad originaria del constituyente fue considerar que únicamente tienen derecho a elegir a sus representantes los naturales del país, o quienes han adquirido voluntariamente esta naturaleza después de cumplir las obligaciones establecidas.

Tanto el PSOE como IU, sin embargo, son partidarios de que todos los inmigrantes residentes legales en España puedan votar en las elecciones municipales, y a tal fin se ha encargado al Consejo de Estado que interprete el artículo 13.2 de la Constitución española, que es el que establece el límite mencionado. Pero si se renuncia a tentaciones populistas y demagógicas y se excluyen las concesiones electoralistas, se llegará seguramente a la conclusión de que el requisito principal que ha de afectar a la participación de los inmigrantes en la elección directa de los representantes es la integración en su entorno social y una vez conseguido que el inmigrante haya interiorizado los valores colectivos de la sociedad a la que quiere pertenecer, lo natural será concederle la nacionalización para que adquiera los mismos derechos políticos de sus conciudadanos. No se entiende, en cambio, para qué hay que otorgar el derecho a voto a quien todavía no se ha integrado, ni conoce por tanto a fondo la oferta que formulan los partidos políticos y, muy probablemente, ni siquiera está seguro de que quiere convertirse en un ciudadano español.

Tampoco el PP acierta en su reproche a la propuesta: no se entiende en qué cambia el planteamiento si se consigue que los españoles que residan en Nigeria, Gambia o Ecuador disfruten del derecho al voto. De lo que se trata es de gestionar cabalmente el que ya es, según las encuestas del CIS, el segundo problema de los ciudadanos después del desempleo, la inmigración, para lo que habrá que construir un intenso y prolongado consenso entre los dos grandes partidos sobre bases firmes y sólidas. Lo demás, incluida esta sugerencia legislativa, apenas sirve para poner de manifiesto la desorientación que alcanza a los responsables políticos en algunos de los más graves asuntos del Estado.